DS(P) nº 76/5 del 17/9/2002

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Por favor... señoras, señores Procuradores... Silencio, por favor... Por favor, Señorías, guarden silencio.

Señoras y señores Procuradores, buenas tardes, y sean todos bienvenidos a esta sesión plenaria con la que se inicia un nuevo curso parlamentario.

Se abre hoy, en efecto, el primer periodo de sesiones del que será el último año de esta V Legislatura en que nos encontramos; un año que va a estar marcado por su carácter electoral y en el que nos aguarda a todos una ingente tarea. Al margen de las innumerables iniciativas parlamentarias conducentes a la acción de control de la Junta de gobierno de la... de Castilla y León, y por lo que respecta a la potestad legislativa, se encuentran en la Cámara pendientes de tramitación diez proyectos de ley, algunos de ellos verdaderamente importantes, como es el Proyecto de Ley de Comercio, tres proyectos que regulan los Colegios Profesionales de Abogados, Procuradores de los Tribunales y Aparejadores, el Proyecto de Ley de Comercio, el de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, el Proyecto de Igualdad de Oportunidades, el de Deportes, el de Universidades y el de Atención a Personas Adultas. Y a estos diez proyectos se sumarán pronto, cuando se presenten, los dos Proyectos de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad y de las Medidas de Acompañamiento, y algún otro que pueda ser remitido por la Junta.

Además, tenemos pendiente también tres proposiciones de ley: una de ellas conducente a la reforma del Reglamento interno de la Cámara, y dos del Grupo Socialista que regulan las parejas estables y la actividad física y deportiva de Castilla y León.

Y todo ello -como digo- en un año cuyo segundo periodo de sesiones va a quedar reducido prácticamente a dos meses, una vez que el Presidente de la Comunidad firme el Decreto de convocatoria de las próximas elecciones autonómicas, momento en el que la actividad de la Cámara se paralizará, velando por sus poderes la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León hasta que se constituyan las nuevas.

Pues bien, antes, el veinticinco de febrero, tendremos también ocasión de celebrar el vigésimo aniversario de la promulgación de nuestro Estatuto de Autonomía, con una serie de actos que estamos programando conjuntamente el Parlamento con el Gobierno Regional, y que pudiera ser también fecha idónea para la colocación de la primera piedra del nuevo edificio que albergará, con carácter definitivo, la sede de las Cortes en Valladolid.

Como ven, Señorías, nos esperan -como decía- unos meses de abrumador trabajo, y yo, desde esta Presidencia, conmino a todos a cumplir con nuestros deberes desde el diálogo, desde el consenso -que no excluye en absoluto el debate-, y así dar satisfacción a los ciudadanos y ciudadanas que confiaron en nosotros cuando nos eligieron como sus legítimos representantes.

Y ya, sin más preámbulo, vamos a pasar al tema para el que hoy hemos sido convocados, y cuyo primer y único punto del Orden del Día ruego lea el señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Primer punto del Orden del Día, corresponde al "Informe Anual del Procurador del Común de Castilla y León correspondiente a la gestión realizada en el año dos mil uno".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Tiene la palabra, para presentar su Informe, el Excelentísimo señor Procurador del Común de Castilla y León, don Manuel García Álvarez.

EL SEÑOR PROCURADOR DEL COMÚN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ):

Con la venia, señor Presidente.

Excelentísimo señor Presidente de la Junta, Excelentísimo señor Presidente de las Cortes, Señorías, señoras y señores, de nuevo es para mí un honor exponer ante Sus Señorías el Informe Anual. Vuelvo a manifestar a estas Cortes y a las fuerzas políticas en ellas presentes mi reconocimiento por su actitud hacia la Institución de la que soy titular, lo que facilita el continuar trabajando con la autonomía, la independencia y la objetividad que la Ley exige a este Comisionado Parlamentario.

Como bien saben Sus Señorías, desde el comienzo de mi actividad como Procurador del Común atiendo directamente a las personas y colectivos que lo solicitan un día al mes en cada una de las capitales de provincia de nuestra Comunidad Autónoma, además de las localidades de Ponferrada y de Miranda de Ebro. Además, siguiendo la decisión, adoptada en su día, de aumentar mi presencia ante el común, ofreciéndome a recibir personalmente a los ciudadanos también en municipios que no son capitales de provincia o de comarca, en el año dos mil uno atendí personalmente a las personas que lo desearon en varias localidades de Castilla y León.

Para cumplir este programa de visitas ha sido muy importante el apoyo que he encontrado en los diferentes medios de comunicación, a los que expresamente quiero agradecer su cooperación en la tarea de difundir la Institución, la presencia de la Institución, así como quienes nos ponen a disposición los locales donde recibimos las visitas.

Se recibieron en el pasado año dos mil trescientas sesenta quejas, hasta el treinta y uno de diciembre, y el número de expedientes iniciados de oficio fue de ciento treinta y ocho; las quejas rechazadas a trámite, seiscientas sesenta y cinco; las quejas en tramitación en el momento del cierre del Informe eran seiscientas setenta y ocho, unas pendientes de recibir información y otras de emitir resolución. En este sentido, las quejas resueltas -les recuerdo- eran mil seiscientas ochenta y dos -y, como siempre, la expresión resueltas la utilizo en el mismo sentido que la emplean los tribunales de justicia, es decir, como archivadas por distintas causas, con o sin resolución-.

Del resultado se puede inferir que el 53% de las resoluciones citadas han sido favorables a la Administración, a lo que -como ya hemos tenido ocasión de comentar en alguna ocasión- no siempre es comprendido fácilmente por el común, ¿no?, que suele confundir el derecho a acudir al Procurador del Común con el derecho a que de este emane una resolución favorable a aquel, ¿no?

Se puede decir que la Administración más cuestionada, si atendemos al número de quejas, el 41%, sigue siendo la Administración Local, y, a su vez, sobre todo, los Ayuntamientos que han recibido... han sido objeto ochocientas setenta y ocho quejas, en tanto que las Entidades Locales Menores han recibido cuarenta y seis quejas, y las Diputaciones Provinciales, treinta y ocho.

Las quejas contra la Administración Autonómica han pasado del 35 al 33%. El número de quejas dirigidas contra la estatal, que envío en casi en su totalidad -a veces tras un previo informe- al Defensor del Pueblo, han supuesto el 17%, al igual que el área de Justicia.

La Ley nos pide también -como saben Sus Señorías- que averigüemos la observancia que hace la Administración... las Administraciones de mis resoluciones; lo que pasa es que -tal y como ya tuvimos ocasión de comentar en ocasiones anteriores- no es fácil responder a esta cuestión, entre otras cosas porque hasta la reforma de la Ley las Administraciones no estaban obligadas a responder a mis escritos de resolución, y sobre todo las Administraciones que son más objeto de quejas, que son las Administraciones Locales.

En cuanto a las resoluciones que tienen su origen en una queja, se han formulado trescientas sesenta y uno dirigidas a la Administración Autonómica y a los Entes Locales, bien entendido que algunas -como es inevitable- han sido formuladas con ocasión de la tramitación de expedientes a ejercicios anteriores y que finalizamos en el año dos mil uno. De ellas han sido aceptadas explícitamente ciento ochenta y ocho, el 52%. Además, hay que añadir las muy numerosas formuladas -resoluciones, quiero decir- con ocasión de las actuaciones de oficio, algunas de las cuales, por ejemplo, están dirigidas a todos los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma. Algunas de las actuaciones de oficio, algunas de esas resoluciones, van dirigidas a los dos mil trescientos y pico Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma.

En general, sin embargo, es difícil poder sentar afirmaciones concluyentes; yo no me atrevo al menos sobre los casos que, habiendo sido objeto de conocimiento por parte de la Institución, han sido resueltos satisfactoriamente a raíz de la intervención de la misma. No pocos son resueltos en el transcurso de la tramitación del expediente; nos comunica el propio "quejoso", el propio reclamante, que está resuelto el expediente y que nos ruega que procedamos a cerrarlo, y muchas veces debo confesar que no consta de manera expresa -salvo en ese agradecimiento de los ciudadanos, que no siempre se produce ni tiene por qué producirse- en qué medida ello se deba a la intervención del Procurador del Común. Me imagino, de todos modos, que ese problema es un problema con el que se encuentra cualquier Comisionado Parlamentario en cualquier Comunidad Autónoma, ¿no?

Señorías, consta en el Informe un Anexo correspondiente a la liquidación del Presupuesto, cuyo aumento -como saben- se debió, sobre todo, a los gastos de seguridad, y que se cierra con un grado de ejecución del 97,55%.

Por otro lado, conocen Sus Señorías que el Servicio de Intervención de estas Cortes supervisa la documentación contable referida a tal liquidación, en aras de una total transparencia, que, por lo demás, saben que tienen a su disposición a lo largo del año.

El grado de colaboración de las Administraciones, referido a la fase de investigación -que es la única que contemplaba la Ley hasta su reforma- es aproximadamente, con todas las dificultades que supone el responder a lo que exige la Ley en este punto concreto, del 77%. Claro que, como toda estadística es relativa y discutible, diremos que, en tanto que la Administración Autonómica colabora en un 81%, la Local colabora en un 66%, 66%; y, aun en la Administración Local, habría que distinguir entre los municipios, tal vez según el tamaño, porque en tanto que la colaboración de los municipios en las capitales de provincia, en los grandes municipios, es una colaboración yo diría que bastante aceptable sobre... en alguna materia concreta a la que después aludiré, esa colaboración no se produce con la rapidez... al menos con la rapidez que sería de desear en los pequeños municipios, que son, por lo demás, la inmensa mayoría de esta Comunidad Autónoma.

¿Cuáles son las causas que dieron lugar a las quejas? Vienen recogidas en las respectivas áreas, tal y como expongo a continuación, yendo de mayor a menor número de quejas.

En primer lugar, el Área B, Urbanismo, Patrimonio y Servicios Municipales, Obras Públicas y Vivienda ha recibido un total de cuatrocientas cuarenta y nueve quejas. La materia de Urbanismo debe ser abordada -como hemos hecho en otras ocasiones- desde tres perspectivas distintas: planeamiento, disciplina y gestión.

Respecto al planeamiento, con frecuencia se constata la ausencia de participación ciudadana en la elaboración, tramitación y aprobación de los diversos instrumentos de planeamiento, con lo que se convierte, en la práctica, dicho trámite legal en un mero formalismo.

En cuanto a la disciplina urbanística, un año más pongo de manifiesto la pasividad de las distintas Administraciones respecto a la restauración de la legalidad urbanística.

Como se recordará, en el Informe anterior se decía que, con acierto, la Ley de Urbanismo..., con acierto, a mi juicio, la Ley de Urbanismo había otorgado competencias a la Junta y a las Diputaciones Provinciales respecto a la protección de la legalidad en este campo, consciente el legislador autonómico, por un lado, de la escasez de medios técnicos y económicos que sufren muchos Ayuntamientos y, por otro, de las presiones vecinales que en muchos casos sufren los Alcaldes por parte de los infractores. Pues bien, pese a la claridad del Artículo, tanto la Junta como las Diputaciones han hecho en varias ocasiones caso omiso de dicho mandato, con el argumento de que la falta del desarrollo reglamentario de este precepto impide la subrogación. A esto hay que añadir una práctica habitual en todos los municipios: en vez de tramitar los correspondientes procedimientos tanto de restauración de la legalidad urbanística como sancionadores, se tramita una modificación de la normativa urbanística que tramita la legalización de la construcción ilegal. Esta práctica es sumamente nociva, ya que alienta la realización de ilícitos urbanísticos al comprobar los infractores que la presión de los terceros que han comprado de buena fe, después de todo, convierte sus actos en inmunes.

Por otro lado, cada vez son más frecuentes los escritos que llegan a esta Institución denunciando la omisión por parte del propietario promotor de su deber de conservación del edificio; el mismo consigue de este modo que en un periodo relativamente corto de tiempo el edificio se declare en estado de ruina, lo cual le permite resolver, de conformidad con la Ley de Arrendamientos Urbanos, los correspondientes contratos.

Respecto a la gestión urbanística, debo volver a insistir en la urgente necesidad de establecer un marco normativo que permita dar una solución a los problemas planteados por las urbanizaciones ilegales. Precisamente durante el año dos mil uno tuvo lugar la aceptación, por parte de la Consejería de Fomento, de la resolución emitida sobre los problemas que plantean las urbanizaciones ilegales cuyo texto se recoge íntegramente en el informe del año anterior.

Patrimonio y servicios municipales. Siguen siendo objeto de constante denuncia, especialmente en el ámbito rural, la usurpación de terrenos de dominio público, como consecuencia de la realización de obras en fincas privadas, y la consiguiente pasividad de las Administraciones ante tales ocupaciones. También ha podido constatarse el incumplimiento por parte de la Administración Local del procedimiento de desahucio por vía administrativa en una serie de supuestos.

La mayoría de las reclamaciones en el ámbito de los servicios municipales versan sobre la falta de prestación de determinados servicios mínimos, los cuales dada su naturaleza básica y elemental deben ser atendidos con carácter obligatorio y deben ser prestados, además con las notas de regularidad y continuidad. Sin embargo, no se puede dejar de poner de manifiesto que la prestación adecuada de los mismos exige medios económicos y personales que exceden en numerosas ocasiones de las posibilidades financieras reales de las entidades... de muchas de las Entidades Locales, pese a las líneas de ayuda al efecto establecidas.

Respecto al servicio de suministro de agua potable, se ha suscitado con frecuencia la cuestión relativa al coste de la instalación de las acometidas a las redes generales. Los reclamantes suelen negarse, y con razón, a costear los referidos gastos, amparándose en la legislación estatal del año setenta y cinco, según la cual la instalación de la acometida correrá a cuenta del suministrador, es decir, del Ayuntamiento. Legislación, por otro lado, desconocida frecuentemente por las ordenanzas municipales reguladoras del servicio que suelen imputar de manera expresa los referidos gastos al usuario. (Perdón).

Obras públicas. Resulta preocupante la demora temporal en la que con carácter general está incurriendo la Administración Autonómica en el momento de proceder al abono del justiprecio correspondiente a las expropiaciones forzosas. Esta demora, que en alguno de los supuestos planteados por los ciudadanos supera el periodo de cinco años, cobra mayor relevancia considerando la amplia generalización del procedimiento de urgencia en las expropiaciones forzosas y, por tanto, de la inversión de la regla general del previo pago a la ocupación del bien objeto de la expropiación.

Vivienda. Si bien es preciso poner de relieve la ausencia de irregularidades relevantes en los procedimientos de adjudicación de viviendas de protección oficial de promoción pública, sin embargo, se han detectado deficiencias en el ejercicio de otras competencias. Una de ellas es la relativa al procedimiento de adjudicación de parcelas dirigidas a la construcción de viviendas protegidas en un caso concreto. De su análisis se desprendieron ciertas irregularidades, a mi juicio, que, pudiendo afectar a la objetividad del resultado final de tales adjudicaciones, fueron puestas en conocimiento de la Consejería de Fomento.

En segundo lugar, resulta, a mi juicio, preocupante el retraso general en el que está incurriendo la Administración Autonómica en el abono de alguna de las ayudas integradas dentro de los planes cuatrienales de vivienda.

Por último, es preciso resaltar una circunstancia que se ha convertido ya en endémica en este ámbito, como es la de la ausencia de ejecución forzosa de aquellas resoluciones adoptadas por la Administración Autonómica en las cuales se impone a un particular la obligación de llevar a cabo obras de reparación de viviendas protegidas.

Área A. Función Pública, Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y Tráfico, que ha sido objeto de cuatrocientas treinta y siete quejas.

Función Pública. Son frecuentes las quejas en las que los reclamantes, en algunos casos con una antigüedad que supera los diez años al servicio de la Administración, denuncian la precariedad en el empleo. Precisamente, en relación con esta cuestión, se han presentado quejas en las que se pone de manifiesto la disconformidad con el Decreto por el que se aprobaba la oferta de empleo para el año dos mil uno. En dichas declaraciones se propone que la próxima convocatoria pública de plazas de acceso a la citada Administración se realice de forma que las personas que hayan prestado servicios en la misma puedan acceder o permanecer en sus puestos de trabajo a través de un sistema que no sea el acceso libre.

Y, sin embargo, esta Procuraduría del Común, tras el estudio oportuno de esas quejas, estimó que dicha petición consistía en el establecimiento de oposiciones restringidas para el colectivo de interinos, las cuales, según la Jurisprudencia, resultan contrarias a los principios constitucionales de mérito y capacidad y, consiguientemente, al de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas. Sistema que, por otro lado, ha sido suprimido -como muy bien saben- tanto en la legislación estatal como en la autonómica.

No obstante lo cual, esta Institución no puede ser insensible a la situación de algunos interinos que permanecen en situación de temporalidad por causas ajenas a su voluntad, debido a la no convocatoria durante un dilatado periodo de tiempo de oposiciones por parte de la Administración Pública.

Por ello resultaría admisible que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, en estos casos específicos, de forma excepcional y por una única vez, se acuda a procesos excepcionales de consolidación de empleo temporal como el establecido por el Insalud.

Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. En materia de responsabilidad patrimonial, los afectados han denunciado los daños producidos a consecuencia de la prestación de servicios municipales, los derivados del ejercicio de las competencias, la ordenación del tráfico, etcétera.

Un supuesto que con frecuencia se ha planteado es la pretensión de responsabilidad patrimonial municipal derivada de la defectuosa ejecución de obras de pavimentación. En las investigaciones que se han realizado en esta materia, se ha observado que las Administraciones Locales, frecuentemente, no ajustan la tramitación de las reclamaciones en demanda de responsabilidad a lo dispuesto en el Reglamento vigente.

En materia de contratación local, el pago del precio pactado es la principal obligación que debe cumplir la Administración frente al contratista en los contratos que celebre, cuyo incumplimiento se ha denunciado en algunos expedientes. El derecho de acceso a la información y documentación y a los archivos municipales ha seguido invocándose por parte de los miembros de las Corporaciones Locales.

En este contexto se ha considerado necesario poner de manifiesto a las Administraciones afectadas que la vulneración del derecho de información de los Concejales y del de participación de los mismos en las Sesiones Plenarias supone una quiebra en el derecho fundamental de participación en los asuntos públicos.

Siguen siendo frecuentes los supuestos de ausencia total de respuesta a las denuncias y peticiones vecinales, desatendiendo con ello una obligación elemental de toda Administración. Sin embargo, en el caso de las Corporaciones Locales, de nuevo no puedo dejar de hacer referencia la insuficiencia de medios personales y materiales que caracteriza un elevado número de Entidades Locales.

Tráfico. Durante el pasado ejercicio los ciudadanos han continuado presentando reclamaciones contra la actividad sancionadora de la Administración.

Existe otro grupo de expedientes relacionados con la obligación de mantener en condiciones óptimas de seguridad la infraestructura vial. En los mismos se ha seguido el criterio jurisprudencial de considerar que la prestación de un servicio público y la titularidad material de las vías obligan a la Administración a indemnizar a los administrados que se vean perjudicados por una concreta actuación de la misma.

Las actuaciones de oficio en materia de seguridad vial han perseguido siempre la finalidad de colaborar con las Administraciones Públicas en la prevención de accidentes, contribuyendo a proteger el derecho a la vida y a la integridad física.

Así, entre otras -como saben-, se inició una investigación de oficio, que continua en la actualidad, para conocer si la señalización en los tramos de carretera afectados por túneles en nuestra Comunidad se ajusta a la normativa vigente.

Área G, Trabajo, Seguridad Social y Servicios Sociales, que ha sido objeto de doscientas cincuenta y dos quejas.

Seguridad Social. Además de las quejas remitidas al Defensor del Pueblo por actuaciones del INNS, también se han presentado quejas en las que los reclamantes manifiestan su disconformidad con la denegación, suspensión, modificación y extinción de prestaciones de Ingresos Mínimos de Inserción y de pensiones no contributivas, cuya gestión, en ambos casos, corresponde a esta Comunidad Autónoma.

El Procurador del Común instó a la Gerencia de Servicios Sociales a que reconozca, con carácter general, la condición de beneficiarios de las ayudas de Ingresos Mínimos de Inserción a aquellas unidades familiares en las que algunos de sus miembros perciban una prestación, contributiva o no, de cualquiera de las Administraciones, por importe inferior... por importe inferior al determinado para la prestación del IMI por la Ley anual de Presupuestos de la Comunidad.

Personas con limitaciones de movilidad. En esta materia, y como en años anteriores, se ha actuado tanto de oficio como a instancia de parte. La actuación de oficio, como otras que afectan a determinados colectivos desfavorecidos, personas minusválidas o de edad avanzada, se justifica si se tiene en cuenta que no son quienes consideran lesionados sus derechos los que más se quejan, sino que, más bien al contrario, al estado de marginación cualquiera que sea su causa- suele acompañar un escepticismo que dificulta seriamente el mantenimiento de actitudes reivindicativas. Cuántas personas mayores de edad, después de exponerme su problema, cuando llega el momento de firmar la queja no quieren hacerlo y dicen que no dé por presentada la misma.

A la vista de las investigaciones realizadas de oficio, pues, he podido constatar que cada vez más, afortunadamente, las Corporaciones Locales contactan con las Asociaciones de Minusválidos para realizar conjuntamente las distintas actuaciones urbanísticas que tienen lugar en el término municipal. Sin embargo, ha podido observarse también... (Por favor quiere...). Con relativa frecuencia la Administración Local aduce... aduce dificultades técnicas, no siempre justificadas para desestimar las pretensiones del citado colectivo.

También debemos de poner de manifiesto el esfuerzo que por parte de la Administración económica y la eclesiástica, en su caso, se está realizando para facilitar el acceso a los ciudadanos con discapacidad física a los edificios de nuestro Patrimonio Histórico-Artístico, así como las soluciones que se están aplicando para dar cumplimiento a la Ley de Accesibilidad en edificios ya construidos, habilitando, aunque sea, entradas secundarias. Sin embargo, ello no exime a las Administraciones de su responsabilidad -y quisiera subrayar lo que voy a decir a continuación- en el supuesto de obras proyectadas o realizadas bajo la vigencia de esa Ley -aprobada por ustedes, Señorías-, que no cumplen en numerosos casos la citada normativa. Y ello ante la pasividad más absoluta de la Administración encargada de velar por su cumplimiento.

Ahí tienen Sus Señorías un claro ejemplo del frecuente -todavía hoy- incumplimiento de una Ley aprobada por estas Cortes y del correspondiente Decreto adoptado por la Junta. ¿Cómo es posible, cómo es posible -y algunos de ustedes son Concejales- que se sigan construyendo edificios con escalones en la entrada y aceras con rebajes inadmisibles? ¿Y cómo es posible que se concedan licencias y autorizaciones en un caso y se reciban las obras en el otro?

Por otro lado, resulta necesario que no siga demorándose la elaboración de planes de accesibilidad por parte de las Corporaciones Locales, así como que se proceda a la aprobación de las Ordenanzas correspondientes y a la revisión de las que ya existen.

Debe indicarse que esta Procuraduría se ha dirigido nuevamente a los Ayuntamientos que tienen previsto acometer o ya han iniciado obras de canalización para la distribución y suministro de la red de gas natural, con el objeto de que se aproveche esta actuación urbanística para eliminar las barreras arquitectónicas que puedan existir, las cuales, la mayoría de las veces, resultan subsanables mediante soluciones técnicas sencillas, recomendando la formalización de convenios entre los Ayuntamientos y la Empresa Distribuidora Nacional de Gas. (Muchas gracias).

Tercera Edad. Los problemas que afectan a los mayores se pueden encuadrar en campos diversos -como hemos comentado en ocasiones anteriores-, reconducibles a diferentes áreas, no solamente residencias: seguridad vial, ocio, etcétera. Hoy voy a limitarme a comentar los relativos a residencias.

He recibido diversas quejas, casi todas ellas de colectivos, en las que los reclamantes ponen de manifiesto una supuesta vulneración de los derechos adquiridos por las personas mayores ingresadas en centros residenciales de titularidad autonómica con anterioridad al día uno de abril. Esta situación deriva del Decreto por el que se aprueba el Reglamento regulador del régimen de acceso a las plazas en las residencias para personas mayores dependientes de la Administración de la Comunidad y a las plazas concertadas con otros establecimientos, y de la Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales por la se determinan los precios de referencia.

Los firmantes de las quejas, muchos de ellos familiares de las personas mayores, recuerdan que la Gerencia especificaba que los nuevos precios se referían a altas posteriores a la entrada en vigor de la norma, y nunca con carácter retroactivo para aquellas personas ya ingresadas en centros públicos. Por este motivo, esta Procuraduría del Común, que se ha reunido con diferentes colectivos, se dirigió a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social sobre la referida cuestión con carácter previo a la formulación de la resolución correspondiente; la misma, cuyo texto íntegro figura en el Informe -como han podido comprobar-, todavía no ha sido objeto de una respuesta definitiva; ha sido objeto de una respuesta, pero no la definitiva, por parte de la citada Consejería.

Por otro lado, se ha de insistir en que la capacidad de respuesta del modelo de asistencia comunitario debe ajustarse en mayor medida a las necesidades existentes mediante el aumento de plazas residenciales públicas. Se ha de dar prioridad, además, a que la gestión... a la gestión de las plazas oficiales demandada sea también pública; ello debido a que las residencias de titularidad pública -fundamentalmente municipal- que son gestionadas indirectamente a través de empresas privadas exigen -como ocurre con los centros correspondientes a la iniciativa particular- una cuota mensual elevada, sin tener -da la impresión- en consideración, o siempre en consideración, los recursos económicos del solicitante y sin garantizar, tal vez, una cuantía mínima disponible para el residente o cónyuge a su cargo.

Salud mental. La Gerencia de Servicios Sociales aceptó una resolución del Procurador del Común por la que los enfermos mentales podrán ya acceder a las convocatorias de ayudas individuales dirigidas, hasta ahora, a personas con discapacidad, en igualdad de condiciones respecto del resto de discapacitados psíquicos. Se elimina así cualquier forma de exclusión como beneficiarios de dichas convocatorias, por tratarse de personas que padecen una enfermedad mental, dada su consideración como discapacidad psíquica. Con esta aceptación, qué duda cabe que se da un paso más en la lucha -que aún llevará muchísimo tiempo, claro está- por lograr la plena equiparación de los enfermos mentales al resto de los enfermos.

Integración social de la comunidad gitana. En la línea ya descrita en anteriores ejercicios, además de la tarea de velar para que las instituciones públicas ejerzan su actuación desde el estricto cumplimiento de la legalidad y el respecto... respeto a los derechos humanos, como Procurador del Común trato de sensibilizar a la población general para que conozca y comprenda la situación de los gitanos -lo que siempre... no siempre es fácil-, pero a la vez intento concienciar a los gitanos de que están sujetos a las mismas obligaciones que el resto de los ciudadanos.

He mantenido -como saben- reuniones periódicas con miembros de asociaciones, con arregladores y patriarcas gitanos. En una de estas reuniones, que tuvo lugar en esta sede de las Cortes y contó con la presencia de representantes de diversas asociaciones, entre otros... entre otras cosas, empezamos la difícil tarea -al menos difícil para mí- de intentar convencer a los representantes de la comunidad gitana de que hay que deslindar las legítimas tradiciones de un pueblo de lo que puede ser considerado simplemente malos hábitos de conducta que -a mi juicio- hay que desterrar.

Como viene siendo habitual en estos encuentros, volvieron a abordarse los problemas que más preocupan: la escolarización y el acceso a una vivienda digna. En el aspecto de la educación, volvió a debatirse el tema del absentismo escolar. También en materia de escolarización de alumnos se hizo referencia al problema que representa la concentración de alumnos con dificultades para su integración en determinados centros educativos.

En el ámbito de la vivienda, ha sido una constante de los encuentros celebrados con colectivos gitanos sus reivindicaciones de obtención de facilidades para mejorar sus condiciones de habitabilidad. Las promociones públicas de viviendas no resultan accesibles a estos colectivos por diversas causas -¡qué les voy a decir!-, entre ellas la precariedad de su economía, ciertamente, o su dificultad a la hora de justificar sus ingresos dentro del procedimiento de selección de los beneficiarios de las viviendas. Sin embargo, estas razones no pueden servir de fundamento para eludir sin más, para eludir sin más -entiéndanme bien- la aplicación de las normas que rigen la adjudicación de viviendas de protección oficial establecidas en una Orden de la Consejería de Fomento; y así lo he manifestado en diversas ocasiones a los afectados.

Por otra parte, la situación de los asentamientos que perviven en la Comunidad Autónoma debe calificarse de penosa -algunos, penosísima-, inadmisible, vergonzosa. No puede olvidarse que la situación de los gitanos que habitan en estos poblados marginales no admite comparación con la situación residencial del resto de los ciudadanos. Ya sé que es un problema complejo o complejísimo, donde habría mucho que hablar; pero durante el pasado año visité diversos asentamientos y, aunque merece una crítica la lentitud de los procesos de erradicación de los núcleos chabolistas por parte de las Administraciones afectadas, debo reconocer también -y no creo que descubra nada- que no pocos ciudadanos se manifiestan contrarios a convivir con determinadas familias gitanas, al tiempo que rechazan acusaciones de racismo, alegando que no tienen por qué soportar los hábitos de conducta de aquellas.

Área C, Actividades Clasificadas y Medio Ambiente. Doscientas cuarenta quejas. El problema medioambiental que más preocupa a los ciudadanos de nuestra Comunidad es, probablemente, el de la contaminación acústica procedente de bares, discotecas y otros establecimientos de diversión similares, en los que tan poca colaboración encuentro por parte de la Administración.

Como así ha sido reconocido, por fin, por el Tribunal Constitucional en reciente sentencia, y viene denunciando el Procurador del Común desde el comienzo de su actividad, los referidos daños ambientales también pueden atentar contra el derecho fundamental a la integridad física y psíquica establecida en la Constitución, que, como tal derecho fundamental, debe primar, en su caso, sobre otros -si es que chocan-, como son el derecho al ocio y a la libertad de empresa.

Además, frente a la pasividad de la Administración en estos supuestos, podría ejercitarse la acción de responsabilidad patrimonial, puesto que no utilizar los poderes que el Derecho establece para impedir la producción de daños supone, sin lugar a dudas, un funcionamiento anormal de los servicios públicos.

En consecuencia, esta Institución sigue considerando necesario, tal y como lo ha hecho en anteriores informes, que las distintas Administraciones competentes incrementen los controles periódicos en los establecimientos de ocio, haciendo especial hincapié en las condiciones de insonorización de los locales, así como en el estricto cumplimiento de la normativa de horarios de cierre, y horarios de cierre -por lo demás-, por favor, normales. ¿Cómo se puede establecer un horario de cierre a las cinco de la mañana?

Las explotaciones ganaderas constituyen otro problema medioambiental que preocupa frecuentemente a los ciudadanos. En estos supuestos solemos encontrarnos con una especial reticencia, por parte de la Administración Local, a la hora de hacer cumplir la normativa vigente, principalmente en aquellos municipios fundamentalmente agrícolas y ganaderos, dados los graves perjuicios -es preciso reconocerlo- económicos que una aplicación estricta de la ley puede suponer para muchas familias. Eso no lo ignora el Procurador del Común, a pesar del contenido de algunos escritos recibidos, con muy buena fe -sin duda-, por parte de algunos Alcaldes.

En este campo, y teniendo en cuenta los escasos medios económicos y personales de los Ayuntamientos afectados por este tipo de instalaciones, resulta necesario incrementar al máximo los mecanismos de coordinación y cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas con competencias en esta materia.

Caza. La disminución de la conflictividad generada por el régimen de responsabilidad legalmente establecido por los daños causados por piezas cinegéticas ha dejado paso al fenómeno del furtivismo como problemática más destacada en este ámbito. La proliferación de los cazadores furtivos en determinados espacios de la Comunidad obliga a la Administración Autonómica a concentrar sus esfuerzos en el control y erradicación del fenómeno, acudiendo para ello a las medidas preventivas y represoras que sean necesarias en el marco de la legalidad vigente.

En aras de incrementar la eficacia de la actividad administrativa en el diseño y aplicación de tales medidas, y tanto a instancia de parte como de oficio, esta Procuraduría ha hecho especial hincapié en la identificación de las irregularidades en el funcionamiento de los servicios administrativos que permitían, en algún modo, la extensión del furtivismo, y ha instado a la adopción de las actuaciones necesarias para su corrección.

Por otro lado, la tramitación de los expedientes relativos a cotos de caza ha sido otro de los aspectos del ámbito de la actividad administrativa en materia cinegética que mayor conflictividad ha generado.

Pesca. Además de la conveniencia de reformar la normativa autonómica reguladora de la pesca con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad de los pescadores que desarrollen su actividad en las zonas de influencia de caída de los embalses y presas de la Región, el sorteo de adjudicación de permisos en cotos de pesca ha protagonizado nuestra actuación en relación con dicha actividad en algunos supuestos. El respeto al principio de igualdad de oportunidades, que debe presidir la celebración del sorteo indicado, y la ulterior elección de fechas y cotos de pesca por los solicitantes implica que la Administración Autonómica utilice todos los medios para lograr plenamente aquella igualdad. Para ello es necesario evitar situaciones como la detectada... de la que hablo en el Informe, en la que se procedió a fijar como fecha de elección de cotos de pesca para un número amplio de ciudadanos una fecha posterior a aquella en la que, con carácter general, se iniciaba la temporada en la provincia en cuestión.

La riqueza que las vías pecuarias aportan en la actualidad al patrimonio cultural y ambiental implica necesariamente una ..... responsabilidad de la Administración Autonómica, en orden a su protección y defensa. En concreto, se emprendió una investigación de oficio sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Administración en defensa de las vías pecuarias. Como resultado de la misma, quedó acreditada una cierta falta de diligencia en la instrucción y resolución de procedimientos sancionadores en la materia, lo cual motivó la formulación de una resolución a la Consejería, que fue íntegramente aceptada por esta última.

También se inició una investigación de oficio en relación con el derroche de energía y la contaminación lumínica.

Otra de las actuaciones de oficio tuvo por objeto la contaminación acústica procedente de la circulación de vehículos a motor, como consecuencia, quizá, sobre todo, de las molestias originadas ante el incremento del funcionamiento de los vehículos ciclomotores con el denominado "escape libre". Por este motivo, me dirigí a todos los municipios de más de cinco mil habitantes, solicitando información sobre los expedientes o sanciones tramitados en este sentido. Se constató de este modo el altísimo grado de permisividad que existe en esta materia, así como la necesidad de incrementar la vigilancia de las emisiones de ruidos de vehículos ciclomotores en la vía pública; pero vigilancia en serio y de manera regular, y no esporádica, para cubrir el expediente.

Esta Institución inició de oficio, asimismo, un estudio sobre la contaminación ocasionada por la navegación recreativa en embalses, así como una investigación sobre la problemática que genera la circulación de vehículos a motor en los espacios naturales.

Como ya tuve oportunidad de poner de manifiesto en el Informe anterior, a finales del año dos mil decidí iniciar una actuación de oficio, a la vista de la progresiva inquietud de la población ante los riesgos que para la salud pudieran representar los campos electromagnéticos que producen las instalaciones de telefonía móvil. Pues bien, durante este período de tiempo del dos mil uno, las tesis puestas de manifiesto en mi actuación de oficio han sido confirmadas tanto por la Administración de Justicia como por un Decreto de la Junta de Castilla y León.

Justicia. Como novedad -y a ello me limitaré-, cabe hablar de la resolución dictada por la Procuraduría del Común a propósito de la denegación, por la Administración Autonómica, de la solicitud de asistencia jurídica a un funcionario médico que había sido objeto de insultos y vejaciones en el cumplimiento y ejercicio de las funciones de su cargo. El análisis de las circunstancias del caso y de la normativa de aplicación al supuesto planteado permitió constatar el carácter erróneo -a juicio de esta Institución- de la resolución denegatoria de aquella solicitud.

En efecto, se consideró que la interpretación efectuada por la Administración Autonómica a la hora de resolver sobre las peticiones que se pudieran formular al amparo de la normativa reguladora de dicha materia incluía la consideración de aspectos de carácter subjetivo que, aparte de introducir... introducir elementos de inseguridad o incertidumbre a la hora de resolver, llevaba a analizar elementos y aspectos que forman parte del cometido propio de los órganos judiciales. Precisamente por ello se recomendó que, en lo sucesivo, la valoración de la entidad cualitativa de los hechos a considerar, cuando de denuncias penales se trate, se centrase en la determinación o comprobación de si los hechos relatados son objetivamente encuadrables en algún tipo penal, identificando así la posible relevancia penal de los hechos con un dato de carácter objetivo. Con ello se atendería única y exclusivamente a elementos de carácter objetivo que eliminarían consideraciones subjetivas -las del intérprete en cada caso- y, por lo tanto, los elementos de incertidumbre y de inseguridad a que me refería.

Dicha resolución debo decir fue aceptada expresamente por la Administración, y así se ha recogido en la parte correspondiente de este Informe.

Actuaciones Diversas, Área K. A la vista de las quejas presentadas en los últimos años ante esta Procuraduría, estimé oportuno iniciar una investigación de oficio sobre las condiciones de recepción de los canales de televisión... de televisiones públicas y privadas en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma y, en especial, en el medio rural.

A tal efecto, consideré preciso llevar a cabo las actuaciones pertinentes para identificar las zonas donde se generaban las mayores dificultades de cobertura y las medidas adoptadas al respecto por las Administraciones Públicas implicadas.

Recientemente he recibido la información solicitada, a la vista de la cual se ha estimado oportuno formular a la Consejería de Fomento la correspondiente resolución, de cuyo contenido espero dar cuenta en el próximo Informe.

Se inició también una investigación de oficio para verificar el grado de accesibilidad de los ciudadanos, especialmente de aquellos que habitan en el medio rural, a los servicios esenciales relacionados con la sociedad de la información, así como a la efectividad de las ayudas económicas convocadas por la Administración Autonómica, en orden a extender la prestación del servicio de internet a los núcleos de población con menor número de habitantes, que, como saben, son una constante preocupación del Procurador del Común.

Se instó a la Consejería de Fomento para que se garantice que aquellas que se convoquen con la finalidad de fomentar la utilización de los servicios avanzados de telecomunicaciones en el medio rural sean destinadas a tal fin, después de que se haya constatado, a través de la información recibida de la Consejería, en relación con las ayudas al uso de internet, que aproximadamente la mitad de las mismas habían sido destinadas a municipios de más de cinco mil habitantes, cuando la finalidad de la norma era fomentar las ayudas para ese uso, sobre todo, en el medio rural.

Área de Educación y Cultura: ciento veintidós quejas. Educación. Se han presentado reclamaciones sobre las decisiones producidas en el curso de los procesos de admisión en centros concretos, transporte escolar, déficit de unidades de Educación Infantil de cero a tres años, etcétera. También constituye una carencia, con frecuencia denunciada por los padres, la escasa dotación de personal especializado, en particular en el caso de los fisioterapeutas y logopedas.

Sin perjuicio de las reformas educativas que próximamente hayan de aprobarse a nivel estatal, es preciso someter a revisión la normativa vigente que establece las proporciones profesionales/alumnos en la atención educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales.

Se trataría de flexibilizar las limitaciones que actualmente se dan en la atención de estos alumnos, derivadas de las disponibilidades presupuestarias, así como de establecer un número de profesionales especializados para un determinado número de alumnos que no resulte desmesurado para un solo profesional. En varios expedientes de quejas se puso de manifiesto la disconformidad de los reclamantes con la denegación de sus solicitudes de modificación de jornada escolar.

En la resolución que se remitió a la Consejería de Educación y Cultura se indicó la necesidad de reformar la Orden por la que se regula el procedimiento de autorización de modificación de jornada escolar en los centros sostenidos con fondos públicos, Educación Infantil y Primaria de esta Comunidad. La resolución fue aceptada, en la mayoría de sus propuestas, por la Consejería.

Durante el año dos mil uno tuvieron entrada en nuestras oficinas la aceptación, por parte de la Consejería de Educación y Cultura, de dos resoluciones formuladas por el Procurador del Común, cuyo texto íntegro se recogía ya en el Informe anterior; pero la aceptación tuvo lugar en el pasado año.

En la primera de ellas el Procurador del Común instaba a la Consejería a ampliar, dentro de las disponibilidades presupuestarias, los fondos destinados a personal becario e investigador de la Universidad. También solicitaba a la citada Consejería un seguimiento de las funciones de aquellos, para evitar que impartan clases los becarios de primero y segundo año.

En la segunda se consideraba necesario incluir a los estudiantes el Grado Superior de Música en las próximas convocatorias de ayudas a los estudios Universitarios, dada la consideración de estos estudios como equivalentes, a todos los efectos, a las licenciaturas universitarias.

Patrimonio Histórico-Artístico. Resulta conveniente impulsar una mayor labor de vigilancia del patrimonio histórico, controlando aquellos comportamientos atentarios contra los bienes que lo integran y a la presencia de elementos que dificultan su contemplación y disfrute por los ciudadanos, o los degraden estéticamente; función en la que adquiere especial importancia la colaboración de los Ayuntamientos, a pesar de que la actitud de algunos de estos respecto determinados bienes tiene a veces -me da la impresión, dicho sea de paso- bastante de aquello de "la muerte anunciada".

Las actuaciones de oficio desarrolladas durante este ejercicio se han encauzado, entre otros, hacia los bienes siguientes:

Está siendo objeto de intervención, de la intervención de esta Institución, la situación actual de la Plaza de la villa de Arévalo, incluida dentro del casco histórico de dicha localidad; actuación motivada no sólo por el estado de abandono en que se encuentran algunas de las edificaciones ubicadas -algunas ya desmoronadas, lamentablemente-, sino también una existencia de otros inmuebles de nueva construcción que, al disponer de una altura superior a los colindantes, o claraboyas en los tejados, se apartan de las características arquitectónicas y de los valores propios del conjunto histórico, provocando un importante impacto visual en el entorno.

Las gestiones iniciadas con la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de la citadas localidad abulense para conocer, en un caso, las actuaciones tuteladoras de la conservación y restauración de los inmuebles degradados y, en otro, la legalidad de las nuevas construcciones continúan a la fecha de cierre de este Informe. Y espero que el año que viene pueda darles cuenta de un final feliz de la Plaza de la villa de Arévalo.

El Canal de Castilla, se tuvo la oportunidad de constatar el estado de algunas de las construcciones existentes en el canal y actuar en relación con algunas de las situadas en el nacimiento del mismo, en la localidad de Alar del Rey.

La Muralla de León... la Muralla de León. Como consecuencia del impacto visual en la Muralla de León, provocada por las obras de reforma y nueva edificación llevadas a cabo en varios inmuebles de la calle Ruiz de Salazar, esta Institución inició una actuación de oficio de cuyo contenido íntegro... íntegro les doy cuenta en el Informe; como les daré cuenta en el Informe próximo de su continuación.

Lamentablemente, pese a los requerimientos e información, no he podido constatar con rotuntidad... con rotundidad y documentalmente la existencia de daños en dicho BIC.

Área E, Industria, Comercio, Turismo y Consumo. Ha sido objeto de ciento diez quejas. Se han presentado quejas relativas al suministro de energía eléctrica y de gas. También han sido varias las reclamaciones en las que se denunciaba el incumplimiento de las condiciones estipuladas en los programas de viajes organizados, aprobados y presuntamente supervisados por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales para las personas de mayor edad.

Economía y Hacienda. Ha sido objeto de ciento cuatro quejas. Son objeto de reclamación cuestiones relativas a la gestión, liquidación y, sobre todo, recaudación de tributos. Se observó en algunas ocasiones la falta de coordinación administrativa entre los órganos con competencia en la gestión catastral y los que tienen encomendada la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ya que los primeros, en ocasiones, no comunican a los segundos los datos catastrales rectificados en las resoluciones estimatorias de reclamaciones de los contribuyentes, los cuales, ante liquidaciones mal practicadas, se ven obligados a comunicar a las Entidades Locales los nuevos datos.

Área F, Agricultura y Ganadería. Ha sido objeto de ciento una quejas. Es preciso llamar la atención sobre un aspecto concreto de los procedimientos de reordenación de la propiedad rústica, como es el integrado por las obras de concentración parcelaria... las obras.

Corporaciones Locales, comunidades de regantes y cualesquiera otras entidades encargadas de las labores de conservación de las obras necesarias en toda concentración parcelaria, deben hacer un esfuerzo y adquirir el firme compromiso de garantizar que los caminos rurales de servicio, el acondicionamiento de cauces y cualesquiera otras obras se encuentren, en todo momento, en un estado de conservación apto para el cumplimiento de las funciones para las que fueron proyectadas y ejecutadas.

Sanidad. Ha sido objeto de noventa y un quejas. A la vista de las tramitadas a lo largo del año dos mil uno, cuando aún no se había consumado el proceso de transferencias, cabe afirmar que cada vez son más frecuentes las que hacen referencia a deficiencias en asistencia sanitaria en zonas rurales de escasa población.

La insuficiencia de especialistas en determinados servicios hospitalarios y el elevado porcentaje de ocupación de algún servicio médico ha provocado, igualmente, que algunos ciudadanos muestren su descontento ante el Procurador del Común.

En cuanto a la Atención Primaria, se reiteran las quejas referidas a la efectividad de la reforma sanitaria, siendo frecuente que colectivos de ciudadanos demanden la puesta en funcionamiento de centros de salud o las reformas de sus obsoletos consultorios locales.

En relación con la estructura de los centros sanitarios, se han formulado también quejas de muy distintos contenido, en las que se exponen carencias estructurales que condicionarían la organización y el funcionamiento.

Un año más se han de poner de manifiesto las demoras que en el pasado año siguieron teniendo que soportar los ciudadanos castellanos y leoneses para acceder a la asistencia sanitaria que tienen prescrita. La existencia de listas de espera, ciertamente, para la práctica de pruebas diagnósticas ha dado lugar a varias intervenciones de esta Institución.

A nuestro parecer, si bien puede ser comprensible... si bien puede ser comprensible la existencia de determinadas demoras para acceder a las prestaciones sanitarias no urgentes, en el marco de un sistema presidido por el principio de la universalidad y la gratuidad, sin embargo, se considera que las mismas no son concebibles si superan unos límites tolerables, médica y personalmente, en cuyo caso podían producirse una verdadera desasistencia.

Las quejas también han hecho referencia, a veces, a gastos por traslado de enfermos en ambulancia, a veces fuera de los límites de la Comunidad.

Venta de alcohol en gasolineras y áreas de servicio. Se constató por parte de esta Institución el incumplimiento generalizado durante el pasado año de la prohibición establecida por estas Cortes -otro incumplimiento de otra Ley aprobada por estas Cortes- de venta de bebidas alcohólicas de más de dieciocho grados centesimales en las áreas de servicio y descanso y en las gasolineras, así como las deficiencias de la Administración, durante el año dos mil uno, a la hora de hacer cumplir la Legislación aplicable a este tipo de actividades.

Departamento Dos: Defensa del Estatuto de Autonomía y tutela del Ordenamiento Jurídico de Castilla y León. Las actuaciones realizadas, además del seguimiento de la normativa tanto estatal como autonómica, se han iniciado también tanto de oficio como a instancia de parte.

En la mayoría de los expedientes iniciados por el departamento, se apreciaba, en principio, como posible causa de la actuación administrativa denunciada los términos de la normativa vigente o, incluso, su inexistencia, la inexistencia de una normativa; por eso han concluido, frecuentemente, mediante resoluciones en las que se insta a la aprobación o, en su caso, modificación de esa normativa.

También se han tramitado por el departamento algunos expedientes en los que, sin concurrir la circunstancia que acabo de mencionar, así se ha considerado, atendiendo a criterios tales como la constatación de una práctica administrativa irregular, la repercusión social de los hechos o el colectivo afectado.

Se ha examinado por el Departamento, a instancia de parte, la falta de desarrollo estatutario sobre la implantación de la enseñanza de la lengua gallega, objeto de numerosas quejas en las zonas limítrofes de las provincias de Zamora y León.

En materia educativa son de relevancia las actuaciones tramitadas por esta Procuraduría relativas a las guarderías infantiles, ante los hechos acaecidos en una guardería de uno de nuestros municipios.

Previo al oportuno estudio jurídico, se estimó conveniente remitir a la Consejería de Educación y Cultura la correspondiente Resolución, en la cual se instaba a la misma a desarrollar funciones de control e inspección de los establecimientos destinados a guarderías, cualquiera que sea su denominación con anterioridad a su integración en el Sistema Educativo, en el curso dos mil dos-dos mil tres.

En la fecha de cierre del Informe no se había recibido contestación expresa de la Consejería de Educación y Cultura sobre la aceptación o rechazo de la propuesta contenida en la resolución emanada.

Se estimó oportuno iniciar una actuación de oficio, a la vista del Articulado del Decreto por el que se regula la concesión de prestaciones a personas incluidas en los supuestos previstos en la Ley de Amnistía y que en su día lucharon en defensa de los valores de la democracia y de la libertad.

En la resolución remitida a la Gerencia de Servicios Sociales se instaba a la ampliación del ámbito de beneficiarios previsto en el Decreto, debiendo reconocerse el derecho a los hijos minusválidos que acreditasen fehacientemente tal condición, sin ninguna consideración adicional al respecto.

El conflicto académico surgido en la Universidad privada SEK en el curso académico dos mil-dos mil uno fue, asimismo, abordado detenidamente por este departamento. No se detectó ninguna irregularidad en la actuación de ninguna de las Consejerías afectadas de la Administración Autonómica.

A pesar de no haber ninguna resolución expresa al respecto, esta Institución ha realizado, como en años precedentes, un seguimiento constante y continuo de cuestiones de muy diferente carácter en mi calidad de defensor del Estatuto, entre las que se podrían destacar la problemática de Treviño relacionada con la Disposición Transitoria 7.3 de nuestro Estatuto, a distinguir de las quejas que con cierta frecuencia recibo procedentes del enclave, incluidas de los dos municipios de la misma, de los dos Ayuntamientos del mismo. La situación general de la inmigración en nuestra Comunidad Autónoma también ha sido objeto de observación por el Procurador del Común, y los recientes traspasos de competencias en materia de sanidad y políticas activas de empleo.

También debemos destacar la colaboración que, con carácter general, se ha recibido por parte de los organismos destinatarios de nuestros requerimientos en la práctica totalidad de las actuaciones que se desarrollaron desde este departamento. Sin embargo, es preciso reseñar, al igual que en informes anteriores, que al finalizar el expediente las contestaciones de las Administraciones Públicas a las resoluciones en la segunda parte de los expedientes del Procurador del Común siguen sin remitirse, o sin remitirse con la celeridad deseada, estando aún un importante número de resoluciones pendientes del rechazo o aceptación expresa por la Administración destinataria de las mismas.

También se sigue observando un considerable retraso en la adopción de las medidas dirigidas a dar efectividad a las propuestas planteadas desde esta Institución y que han sido aceptadas expresamente por la Administración destinataria. No obstante, parece razonable pensar que, tras la reforma operada en el Artículo 19 de la Ley Reguladora del Procurador del Común, se palíe, al menos en parte, el problema, tanto en lo concerniente a la contestación expresa a las resoluciones, aunque, como en ocasiones anteriores, seguimos insistiendo, con carácter general y no solo en relación con este departamento II, en la necesidad de que, por los partidos políticos, por las fuerzas políticas, se sigan dando instrucciones a sus militantes en orden a colaborar con esta institución desde los cargos autonómicos o locales que ocupen.

Quería hacer una breve mención de las consecuencias que se podrían derivar para esta Procuraduría tras la entrada en vigor de la Ley Reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León. Estas consecuencias se pueden resumir en una: la posible superposición de las atribuciones del Consejo Consultivo y del Procurador del Común en lo concerniente a la función de velar, precisamente, por la observancia del Estatuto y del ordenamiento jurídico de nuestra Comunidad Autónoma, en virtud -ya lo saben- de lo establecido en el Artículo 2 de la Ley Reguladora del Consejo Consultivo y de lo que establece la Ley del Procurador del Común.

Finalmente, puesto que el Estatuto me encomienda la tutela del ordenamiento jurídico, quiero poner de manifiesto la falta de aprobación de los reglamentos de aplicación y desarrollo de la Ley de Régimen Local de Castilla y León, de cuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho, de Defensa de Consumidores y Usuarios, de cinco de diciembre del mismo año, de la Ley de Urbanismo, de ocho de abril del noventa y nueve, así como, dada la fecha en que la misma se aprobó, de la Ley de dieciocho de diciembre del año noventa y dos, de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de Pesca, máxime cuando la misma establece expresamente que su desarrollo reglamentario tendría lugar en el plazo de un año.

Igualmente convendría -a mi juicio- que, a la mayor brevedad posible, se procediese al desarrollo reglamentario de la recientemente aprobada Ley de Fundaciones. En esta misma materia, quizá sería conveniente -también a mi juicio, siempre discutible- replantearse, en su caso, la actual adscripción de las fundaciones, teniendo en cuenta a partir de ahora el objeto fundacional de las mismas.

Y ya que hablamos de reglamentos, aprobada la Reforma de la Ley del... 2/94, manifiesto mi intención de someter en breve a estas Cortes el proyecto de reglamento interno, el proyecto de reglamento de la organización y funcionamiento interno del Procurador del Común.

Acercándome al final de mi intervención, dada la actualidad que ha tenido la cuestión -ya no les cansaré más-, que ha llevado incluso a estas Cortes a debatir sobre la creación de una Adjuntía al Procurador del Común para la defensa de los menores, me gustaría referirme en los últimos minutos, siquiera sea someramente, a nuestras actuaciones al respecto desde que comenzó a funcionar esta Institución.

El Procurador del Común ha asumido el oficio de la defensa del derecho a la vida y a la integridad física de los menores en relación, por ejemplo, con la seguridad vial, especialmente exigiendo el cumplimiento de la normativa sobre medidas de seguridad cuando viajen en vehículos y ciclomotores, y el control del tráfico a la entrada y salida de los colegios.

No hace mucho hacíamos ver al Defensor del Pueblo nuestra preocupación por la modificación en la Cámara Alta de las normas sobre seguridad vial que permiten a los niños a partir de los siete años viajar como "paquetes" en las motos. Nos estamos interesando por la eficacia de las clases de seguridad vial en los centros escolares, de la que en ocasiones parece hacer base... haber base para la duda; o sobre la participación de menores a partir de los siete años, a partir de los siete años, en competiciones de karts, y sin más límites de velocidad que los que presentan los propios motores.

A través del Defensor del Pueblo estatal se sugirieron las oportunas modificaciones legislativas dirigidas a ampliar los permisos laborables de los padres adoptivos. También en su día, por encargo de aquel Defensor del Pueblo, a la sazón, del señor Álvarez de Miranda, estudié cuestiones relacionadas con la adopción en países extranjeros. Se ocupó el Procurador del Común del derecho a la educación y de la obligatoriedad de escolarización, en particular en relación con los menores de la raza gitana; de vigilar la observancia de la prohibición de venta de alcohol a menores de dieciocho años, de controlar la exhibición y difusión entre ellos de vídeos y material pornográfico.

En el campo del derecho a la intimidad, sugerí la necesidad de regular los distintos ficheros automatizados de carácter personal referidos a la protección de la infancia (acogimientos, adopciones, menores protegidos y menores infractores).

Nos dirigimos en su día a la Administración Autonómica a propósito de la exhibición de publicidad pornográfica en sesiones de cine aptas para menores. Ha instado a la Junta para que no permitan la instalación de máquinas infantiles en los salones recreativos de esta Comunidad Autónoma.

Asimismo, insté a la Junta a poner en marcha un servicio propio de mediación familiar orientado a la protección de los menores en los supuestos de ruptura de la pareja.

En la actualidad, estamos llevando a cabo una actuación de oficio sobre la situación de los menores desprotegidos y de los infractores juveniles. En este contexto, entre otras cosas, hemos visitados los centros de protección y de reforma situados en la Comunidad Autónoma. Hemos manifestado nuestra preocupación por los menores objeto de agresión o de robos con amenaza, a veces en repetidas ocasiones, por parte de otros menores o de personas que ya no lo son, sin que parezca que hasta el momento nadie sea capaz de poner coto a este tipo de conductas.

Hemos manifestado nuestra preocupación por los menores, hemos... perdón, nos hemos dirigido a la Administración preguntando sobre las medidas que se adoptan en los casos de agresiones por parte de menores a otros menores o a sus cuidadores en los centros de protección y de reforma. En su día hicimos llegar a la Administración una resolución sobre guarderías, como indicaba hace unos momentos.

Nos ocupamos de los menores -también me referí a ello- con necesidades de educación especial y de los menores discapacitados en general. Hemos supervisado la respuesta en tiempo y forma -entiéndame bien-, que no en el contenido donde no puedo entrar -tampoco pueden entrar los jueces-, a reclamaciones presentadas por menores contra calificaciones escolares supuestamente injustas. La respuesta en tiempo y forma a esas reclamaciones, no más.

También en su día enviábamos a la Administración una resolución sobre las condiciones de vida de los temporeros y, entre ellos, de sus hijos en edad escolar. He puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal, además de dirigirme a las Administraciones competentes, la posible existencia de situaciones de agresión padecidas por menores en centros escolares. Asimismo, hemos puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal la posible existencia de circunstancias de riesgo para menores en los casos de separación o divorcio, ante los regímenes de visitas establecidos por el órgano judicial.

Es, pues, como ven -y ya definitivamente acabo, Señorías-, una actuación constante, que abarca a muchas de las áreas en las que organiza su trabajo la Procuraduría del Común. Lo que no cabría sería atribuir al Procurador del Común otras funciones distintas a las suyas, que son propias de los órganos jurisdiccionales y de la Administración.

Como han visto, son muchas y muy variadas las cuestiones abordadas, y nuestra intención es la de continuar en esa línea. Agradezco y tengo en cuenta la posibilidad que se me ofrece en la ley recientemente aprobada por ustedes, aunque, por el momento, no creo necesaria por el momento, ahora mismo, ponerla en práctica.

Y finalizo, ya acabando... acabo ya, expresando mi satisfacción, en líneas generales, con la labor desarrollada por quienes desempeñan sus funciones en la Procuraduría del Común.

Gracias por su atención, Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Procurador. Se abre un turno para fijación de posiciones por parte de los Grupos Parlamentarios. En el Grupo Mixto este turno va a ser compartido por las tres fuerzas políticas integradas en el mismo, y, en nombre de Tierra Comunera, don Juan Carlos Rad tiene, en primer lugar, la palabra.

EL SEÑOR RAD MORADILLO:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Un año más escuchamos en esta Cámara un informe yo creo que exhaustivo; un informe al que ya nos tiene acostumbrados el Procurador del Común, yo creo que elaborado con la máxima seriedad, con el máximo rigor, y que, además, es el fruto de un trabajo -yo creo que exhaustivo- de servicio a los ciudadanos.

Si algún calificativo tenemos que buscar para su labor, la labor de este Comisionado Parlamentario, es el de imprescindible; imprescindible porque, de alguna forma, se ha constituido en el garante del funcionamiento correcto de las Administraciones, las Administraciones más pequeñas, esas Administraciones Locales que muchas veces se ven desbordadas por los propios problemas ciudadanos a los que tienen que hacer frente; o de esas otras Administraciones que, quizá por su volumen, quizá por su extraordinaria complejidad de asuntos que manejan, muchas veces se olvidan de los pequeños aconteceres, los problemas inmediatos de esos ciudadanos que no encuentran otro recurso para asistir... de asistencia, ¿eh?, el recurso al Procurador del Común.

Desde luego, yo me congratulo de que esta Institución sea cada día un recurso, pues, más cercano y más de la confianza de los ciudadanos, pues a tenor de ese incremento en el número de quejas que se reciben, esas dos mil trescientas quejas... que son muchas quejas, que son muchos los ciudadanos, es señal de que son muchos los ciudadanos que se acercan hacia esta Institución.

Yo espero que, por fin, esa reforma, que año tras año también se pidió, por fin haya llegado, por fin haya existido el acuerdo político entre todos los partidos de esta Cámara en sacarla adelante. Desde luego, desde aquí ofrezco nuestra colaboración de partido para sacar ese reglamento interno, que lo que tiene que hacer es una... hacer aun más cercana, aun más eficaz, aun más eficiente a la Institución que usted preside.

Desde luego, nuestro reconocimiento a su independencia, una vez más. Una independencia que no siempre es fácil, no siempre es fácil estar del lado de los más débiles, de los más desprotegidos frente al lado de esa maquinaria más poderosa, o que tiene más recursos, o que tiene más resortes, incluso para evadir sus propias responsabilidades, su propio cometido: el cometido que la hace su razón de ser.

El reconocimiento a esa cercanía, a ese esfuerzo de ir provincia... capital de provincia tras capital de provincia, o incluso en esos núcleos urbanos, como Ponferrada o Miranda de Ebro, u otros núcleos que usted visita por propia iniciativa, acercando esa Institución y permitiendo que las quejas al Procurador del Común no se produzcan solamente allí en la ciudad donde está la sede, donde la gente la percibe como más cercana, sino que de alguna manera se extienda yo creo que a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos de Castilla y León. Y, desde luego, también elogiar la labor realizada contando con esa cierta precariedad de medios, con esa cierta precariedad de espacio que hemos tenido ocasión de constatar. Quizá lo que hace falta es un esfuerzo de generosidad, dotando de más medios materiales y humanos a esta Institución.

Desde luego, reiterar aquí la necesidad de un esfuerzo, que yo creo que ha quedado bastante patente en este Informe; un esfuerzo que tiene que ser mutuo, que tiene que ser un esfuerzo a realizar por la... en primer lugar por la Administración Regional, por las Administraciones Locales, un esfuerzo también de los propios partidos políticos, de la clase política; y, desde luego, un esfuerzo de sus propios medios humanos y materiales, pues, para esos puntos candentes que están ahí y que son, año tras año, objeto de quejas, objeto de preocupación de las ciudadanas y los ciudadanos de Castilla y León.

Algunos aspectos como la integración y la solidaridad de esos colectivos históricamente discriminados, o de esos nuevos colectivos que están apareciendo de inmigrantes, yo creo que nunca son suficientes los esfuerzos que se realizan, y, desde luego, nunca son innecesarios, nunca son baladíes esos esfuerzos -a tenor del gigantesco problema que pueden presentar en un futuro no muy lejano-, desde luego, esa especial vigilancia del respeto de los derechos de esas personas más desprotegidas de nuestra sociedad, de los niños, de los ancianos, de los minusválidos, de las personas que tienen algún tipo de carencia. No hay que olvidar que todas estas personas muchas veces son los auténticos protagonistas de las discriminaciones. Y muchas de estas personas, dado su carácter de indefensión, de su carácter de aislamiento, de su carácter de falta de formación y falta de medios, no son, precisamente, los autores mayores de las quejas que se reciben, pero sí que tienen que ser objeto de una preocupación, que estimamos que es una de sus preocupaciones y que agradecemos, desde luego, que así sea.

Respeto también yo creo que al cumplimiento de esa legalidad, a esa legalidad que estamos viendo que en el tema urbanístico es, quizá, uno de los grandes caballos de batalla de las Administraciones Locales y la Administración Regional, de respeto de esas leyes que existen. Desde luego, estamos viendo que todos estos problemas no son problemas locales, puntuales...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señor Procurador...

EL SEÑOR RAD MORADILLO:

(Sí. Gracias, señor Presidente, acabo). ...que no son problemas puntuales y locales de una Administración, sino que se extienden, yo creo que a lo largo y ancho de toda la Administración Local y buena parte de nuestras Administraciones Locales.

Yo sí que le reclamaría beligerancia --beligerancia hasta que ese Consejo Consultivo esté en funcionamiento, cosa que no va a ser en el futuro más próximo- a esas... esos aspectos de nuestra vida legislativa que en alguna ocasión pueden verse obstaculizados por decisiones que se tomen a nivel estatal, esas leyes que elabora ese Estado Central que muchas veces, pues, entran en colisión o en conflicto con nuestro propio ordenamiento jurídico autonómico, o esas transferencias que se están realizando, esas transferencias que se van a realizar en un futuro más próximo, que deben garantizar que en esta Comunidad Autónoma tengamos las mismas oportunidades de desarrollo, las mismas calidades de los servicios...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoría, por segunda vez, el tiempo se le ha concluido.

EL SEÑOR RAD MORADILLO:

(Gracias, señor Presidente. Termino en un minuto). Y, finalmente, una beligerancia que yo estimo extraordinariamente importante para defender la igualdad de todas las ciudadanas y ciudadanos de Castilla y León. La igualdad independientemente de la zona donde se viva, independientemente del lugar, de la población, o independientemente del sector social donde se viva. No podemos consentir que en nuestra Comunidad Autónoma haya zonas excluidas del progreso, ni zonas por su periferia, ni zonas por sus especiales situaciones económicas y, desde luego, mucho menos porque sean zonas donde el desarrollo económico haya quedado totalmente degradado. Muchas gracias, señor Procurador.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. En nombre de Izquierda Unida, don Antonio Herreros tiene ahora la palabra.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, buenas tardes. Señor Procurador del Común, yo quiero expresarle, en nombre de Izquierda Unida y en nombre propio, reconocimiento total por la tarea, por la función, por la labor personal y por la labor de equipo que ha venido desarrollando y que ha puesto de manifiesto en la exposición del Informe Anual relativo al año dos mil uno.

Yo he llegado a la conclusión... y no es una broma: yo le voy a pedir que me autografíe un ejemplar. Pero, además, voy a sugerir que autografíe un ejemplar para cada uno de los Consejeros del Gobierno Autónomo y de la Presidencia, para que lo hagan un libro de lectura cuando quieran: de mañana, de tarde o de noche. Porque yo en el agradecimiento incluía que a veces da la impresión que esta maquinaria publicitaria extraordinaria en que se han convertido prácticamente todos los Gobiernos, éste y todos los Gobiernos, pues se llega a la conclusión de que prácticamente el mundo idílico que nos dibujan, pues no tiene en la práctica ningún tipo de problema, no tiene ningún tipo de sinsabor, y, por tanto, es difícil que se observen soluciones, si no son las grandes y extraordinarias soluciones para seguir ejerciendo ese fenómeno publicitario.

Yo creo que un Informe como el que nos ha presentado tiene, al menos para este modesto Procurador, la virtualidad de acercarnos no a lo que a usted se le ocurra, ni a su equipo, sino a la recepción, ordenación, articulación, lectura, análisis, estudio y propuesta de resolución de las quejas de hombres y mujeres de esta Comunidad Autónoma, que, lógicamente, están ahí y que a uno le corroboran, al menos temporalmente o de vez en cuando, en ese asunto tan interesante de objetivar la realidad, en lo que es posible, para demostrar que no todo es el efecto publicitario que se nos plantea y no todo es lo extraordinario que nos dicen desde ámbitos del poder.

A mí me han llamado la atención algunas de sus expresiones: "¿cómo es posible?", dice con relativa frecuencia. Pues es posible, señor Procurador del Común. Es posible que haya años y años todavía pendientes de Reglamento, pero es posible que se estén produciendo en estos momentos -y es muy significativo- auténticos atentados a los principios más elementales de la democracia, cuando se niega la información a quienes forman parte de las Corporaciones y, por supuesto, a quienes formamos parte de una Cámara representativa como es ésta.

Mal augurio, porque esto viene reiterándose año tras año, y este año yo he tenido la sensibilidad de intentar captar algunos aspectos y aparecen más incididos que en otras ocasiones anteriores, y sobre todo parece que no existe puesta en situación de modificar esos planteamientos.

Señoría, yo creo que sí es importante reconocer esos datos de realidad, y yo sí me comprometo a hacer la función expresa, dentro de la organización que en esta Cámara represento, pero, lógicamente, también sugiero, demando, planteo que se puedan llevar a cabo acciones de mayor profundidad en la sugerencia para que esto se pueda modificar, porque se sigue observando, curiosamente, un amplio, un importante número de ciudadanos y ciudadanas que haciendo un esfuerzo para romper la monotonía y presentarse a usted o a cualquiera de su equipo... y posiblemente hubiera que hacer un esfuerzo para ver cómo había todavía más posibilidades de conexión.

Yo, en un momento determinado, sugerí la posibilidad de hacerlo comarcal, pero que a estas alturas se sigan produciendo problemas de barreras arquitectónicas, de contaminaciones, de Administraciones que, incluso, piensan que han de ser servidas en vez de ser ellos los servidores, o que haya intrusiones como las que ha citado, o que haya varas de medir diferentes para cada uno de los supuestos en cada uno de los sectores, o que, en definitiva, haya listas de espera tanto en el orden social como en el orden sanitario, o como en el orden jurídico, nos parece que a estas alturas deberían de haberse producido ya algunos efectos.

Caminamos, señor Procurador del Común, caminamos Señorías, pero es absolutamente imprescindible que esto que a algunos les ha supuesto un gran trabajo seguir, y, de hecho, en cuanto han tenido la oportunidad se han marchado del hemiciclo, esto tiene una gran importancia, porque también es la voz del pueblo. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Es el turno ahora de la Unión del Pueblo Leonés, y, en su nombre, don Joaquín Otero tiene la palabra.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Muchas gracias, señor Presidente. Señor Procurador del Común, gracias por su comparecencia. Como el tiempo es muy limitado, que sólo nos permiten cinco minutos para intervenir en el Grupo Mixto, poco protocolo. Dentro de ese protocolo, pero no por ser afirmación protocolaria deja de ser sincera, quiero felicitarle por su labor, a usted y a su equipo, por su trabajo, porque cada año son más los expedientes que tramitan, y, además -yo que alguno de ellos los sigo-, con mejor y de más calidad fundamentación jurídica a la hora de emitir sus opiniones. Y quiero, además, felicitarle a usted por tener la capacidad de echarle semejante rapapolvo a la Junta de Castilla y León en ese tono diplomático en el cual el rapapolvo casi pasa desapercibido, pero le ha caído un chaparrón a la Junta de Castilla y León de cuidado en su intervención. Lo que pasa es que su diplomacia hace que eso no se note mucho.

Porque, efectivamente, señor Procurador del Común, compartimos con usted y estamos de acuerdo en su Informe. Cuando usted nos dice que del total de las quejas que se efectúan, el 53% dan la razón a la Administración, a sensu contrario, nos está diciendo que una de cada dos quejas no tiene razón la Administración, hay que quitarle la razón. Y eso es muy grave, porque, entre otras razones, los actos de la Administración gozan de presunción, iuris tantum, de veracidad y de que se ajustan a la legalidad, y corresponde al administrado cargar con las consecuencias, con toda la carga de demostrar que se ha equivocado la Administración con él. Eso es muy grave, señor Procurador del Común. Como es muy grave que una de cada tres quejas correspondan a la Administración Autonómica, eso también es muy grave; muchas quejas, muchos errores y muchas veces le tiene que quitar usted la razón a la Administración Autonómica, y eso es preocupante.

Preocupante, señor Procurador del Común, también son las explicaciones que usted da y que nosotros compartimos, sobre el incumplimiento, por parte de la Administración Autonómica, de sus propias leyes, de numerosas leyes que esta Cámara aprueba y luego no se cumplen.

Pero no solamente eso, sino que... no ya preocupante, yo creo que más allá que preocupación, casi casi vergüenza ajena nos hace sentir que tanta prisa por aprobar leyes en este Parlamento, esa guerra de cifras que hay "tantos proyectos de ley, tantas leyes...", vamos más deprisa que nunca, y que luego no se desarrollen reglamentariamente, con lo cual el cumplimiento de esas leyes es ilimitado o nulo. Eso también nos preocupa mucho y compartimos su acertada visión de la situación en esta materia también.

Y mire usted, señor Procurador del Común, también le queremos decir una cosa. Hace un año, en este mismo debate, nosotros abogábamos por que a usted le dieran más medios humanos, pero también más medios técnicos. En concreto, pedíamos una sede digna y que fuera acorde con lo emblemático de la Institución. Usted está viviendo en precario y viviendo de prestado en un edificio pequeño y nada funcional que le presta el Ayuntamiento de León, de quinientos metros cuadrados, donde tienen que trabajar más de treinta funcionarios. Y eso es una vergüenza. El Procurador del Común necesita una sede digna, un edificio de nueva planta. El Ayuntamiento de León, señor Presidente de la Junta, ha ofrecido la cesión gratuita de terrenos, en Pleno y por unanimidad de todos los corporativos. De esto hace un año y ustedes todavía no se han enterado. Les preocupa, eso sí, poner la primera piedra y gastar miles de millones en un edificio para las Cortes, que nos parece bien, aunque no la ubicación. Pues hombre, gasten un poco también en dignificar una Institución que funciona como el Procurador del Común, que tampoco pasa nada.

Es más, una Proposición No de Ley presentada en esta Cámara -y le leo la fecha del Registro- veintiséis del nueve del dos mil uno -hace un año- todavía no se ha tramitado. ¿Será porque pedíamos una nueva sede para el Procurador del Común por lo que todavía no se ha tramitado? Un año lleva esperando una iniciativa que pide algo tan lícito, tan legítimo y tan justo como una nueva sede para usted; nada de nada.

Bueno, pues con esos medios técnicos escasos y humanos escasos es para ponerle a usted, señor Procurador del Común, un monumento por toda su gestión.

Y en el poco tiempo que nos queda, quiero aprovechar esta oportunidad también para plantearle una queja; no una queja personal como ciudadano, una queja en virtud del cargo representativo mío y el de mis compañeros, quizá de los cincuenta y seis mil leoneses que nos apoyan y que delegan su representación en nosotros, y quizá, también, de la totalidad de los leoneses.

Mire, usted tiene, entre sus obligaciones -el Artículo 1 de su Ley lo dice-, la tutela del Ordenamiento Jurídico y la exigencia del cumplimiento del Estatuto de Autonomía.

El Artículo 3 del Estatuto de Autonomía dice que "en la ubicación de las sedes habrá que atender criterios de descentralización". Usted como yo, como todos los ciudadanos, sabemos que, al margen de las Delegaciones Territoriales -que, evidentemente, cada una está en su provincia; no puede ser de otra manera-, el 95% del personal de las instituciones de esta Comunidad Autónoma están en Valladolid; la práctica totalidad de las Instituciones de esta Comunidad Autónoma están en Valladolid; y las pocas que han llevado a otras provincias, se cuenta el número de trabajadores con los dedos de la mano.

Y este mes hay que decidir dos Instituciones importantes. Y el Presidente de la Junta, en su reunión con el Presidente de las Cortes, se comprometió a abrir un diálogo con los Grupos políticos durante este mes, para decidir la sede del Consejo Consultivo y del Consejo de Cuentas. Estamos a día diecisiete y no tenemos noticias. Nos imaginamos que, además, van a hacer lo que les dé la gana, no sé si el Partido Popular o en connivencia con el Partido Socialista, a cambio de repartir los cargos: a ti te meto a tal, a ti te meto a cual. Eso no lo sabemos, lo vamos a saber.

Pero, señor Procurador del Común, una queja...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Su tiempo ha concluido, Señoría, por favor...

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: ...

. y una petición que formalizaremos... -voy terminando, Presidente- que formalizaremos por escrito. Esa concentración, ese centralismo también en materia de distribución de sedes atenta al Estatuto de Autonomía, que exige descentralización a la hora de ubicar las sedes de los distintos organismos de esta Comunidad Autónoma.

Y en base a eso, precisamente, pedimos algo que a ustedes les vincula, que es el Estatuto de Autonomía -a nosotros menos-. En base a eso, pedimos que esas sedes del Consejo Consultivo y del Consejo de Cuentas se ubiquen en León, entre otras razones, porque es la provincia con mayores Administraciones Públicas.

Y lo mismo digo de otra sede que también se ha anunciado que se va a decidir en los próximos días, y es el Instituto Tecnológico Agrario.

No tenemos tiempo para más, señor Procurador del Común. Únicamente, a modo de pincelada, esta petición, esta queja, o como usted quiera entenderla, se la formularemos por escrito. Pero, de verdad, es lamentable que a estas alturas todavía sigamos sin saber dónde va a estar el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas. Y esperamos y confiamos que la espera valga la pena y que, de una vez por todas, se haga justicia. Y hacer justicia no es ni más ni menos que cumplir el Estatuto de Autonomía, que a este Gobierno, desde luego, le vincula.

Muchas gracias por su atención. Insisto: enhorabuena. Con los medios que usted tiene y con el apoyo de este Gobierno Autonómico, que es prácticamente nulo, habría que hacerle a usted un monumento por sobrevivir como lo hace. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Por el Grupo Parlamentario Socialista, don José Francisco Martín Martínez tiene la palabra.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Gracias... gracias, señor Presidente. Buenas tardes, y bienvenidos a todas y a todos los compañeros Procuradores y Procuradoras, después de este largo y sin sentido período de inactividad parlamentaria, forzado, en todo caso, por la mayoría de esta Cámara.

Y, por supuesto, reiteramos la bienvenida al Grupo Parlamentario Socialista, al Procurador del Común y a todo su equipo. Y también reiteramos lo que hemos oído en las intervenciones anteriores del Grupo Mixto: nuestra enhorabuena al Procurador del Común, también este año, por el magnífico Informe que ha presentado a... a esta Cámara. Nuestra enhorabuena y nuestra admiración. Nuestra admiración, también, al Procurador del Común, a la Institución del Procurador del Común en Castilla y León, por su constancia y por su presencia de ánimo, que, a pesar de los resultados que todos conocemos, le lleva a renovar los esfuerzos y, a nuestro juicio, a presentar cada año un mejor Informe, un Informe más completo, y que abarca mayor número de temas, incluso por iniciativa propia también, año tras año.

La verdad es que tiene un mérito enorme, en su caso, no desanimarse después de conocer algunos resultados de su labor que constan en el Informe. La verdad es que es difícil no... en su labor de defensa de los intereses de todos los ciudadanos, en el último momento ya, cuando se encuentran frente a esa barrera infranqueable que muchas veces es la Administración. Y demuestra el éxito de su labor el hecho -como se ha puesto de manifiesto anteriormente- de que en más de... en prácticamente en la mitad de los casos, el 47% de las quejas es, precisamente, el ciudadano y no la Administración quien tiene la razón, y no la Administración quien tiene la razón. Sin su presencia, sin su existencia, sin su trabajo y sin su constancia, eso no podría ser el último bastión, la última defensa del ciudadano ante la Administración que se equivoca tanto, que se equivoca en la mitad de los casos de las quejas que le plantean a ustedes.

Y también, cómo no desanimarse con datos como el que conocemos, ese dato vergonzante para la Administración que demuestra el desprecio de la Administración a su Institución, cuando nada menos que el 35% de los responsables de las resoluciones que usted emite no se ha dignado siquiera a contestar en relación a la aceptación o no de esas resoluciones.

Le proponemos... -yo creo que es también tiempo de propuestas- le proponemos una reforma, una ampliación en su informe para el próximo año -y, si es posible, para este mismo, incluso antes de las elecciones locales y autonómicas-, que con nombres y apellidos... que con nombres y apellidos podamos conocer todos esos responsables públicos, esos responsables políticos que han llegado a tal grado de desidia, de ignorancia y de desprecio hacia su Institución y hacia estas Cortes Regionales, que ni siquiera se han dignado contestar a sus resoluciones.

Y, por supuesto, también una identificación de esos responsables públicos, de esos responsables políticos, que, según sus datos, en el 33% de los casos se han negado directamente no ya a contestar a sus resoluciones, sino ni siquiera a colaborar con usted en su labor de investigación en relación a las quejas mantenidas.

Con todo, creemos que lo peor de todo, lo que demuestra su constancia, lo que demuestra la importancia de su trabajo es repetir, año tras año, el fondo... el fondo de esas quejas que usted recibe, que usted tramita en relación a la Administración.

Y, por supuesto, en estas Cortes Regionales tenemos que hacer referencia a esa repetición constante de esa actividad de la Administración contraria a sus resoluciones, en un número tan importante de casos en lo que se refiere a la Administración Regional, porque, efectivamente, concentra nada menos que el 40% de todas las quejas recibidas por su Institución a lo largo del año pasado.

Y es que no hay área que se libre, no hay área de esta Administración Regional que se libre de las quejas de los ciudadanos, de las quejas en las que, además, los ciudadanos tienen razón y la Administración no.

Por ir un poco por áreas, en el Área de Función Pública, en esta Función Pública que ahora ya sabemos -porque lo manifiesta por escrito- que es incapaz de saber siquiera el número de funcionarios que dependen de ellos, que es incapaz -porque lo manifiestan por escrito- de saber, por ejemplo, el número de funcionarios que hicieron huelga el veinte de junio... igual como el Presidente dijo que no había habido huelga, ellos dicen que no saben cuánto... cuántos han sido; de eso hablaremos después. Pero de esa Función Pública, coincidimos totalmente con sus apreciaciones. Y venimos denunciando año tras año algunas de sus estimaciones, como ésta que paso a leer literalmente, en relación al abuso... al abuso en la utilización de la contratación de interinos en esta Administración.

Y dice usted: "la utilización del mecanismo excepcional de cobertura de vacantes mediante funcionarios interinos, al margen de las notas que le son propias, supone una vulneración del derecho fundamental de libre acceso a la Función Pública reconocido en la Constitución. Y ello, tanto del de los ciudadanos que aspiran a mantener una relación funcionarial como de aquellos otros que, siendo ya funcionarios, pretenden acceder a puestos desempeñados provisionalmente por personal interino. E incluso de los propios interinos, en la medida en que la ausencia de convocatorias para la cobertura definitiva de las vacantes que ocupan les impide, previa acreditación de mérito y capacidad suficientes, estabilizar su situación".

Ahí queda eso, totalmente de acuerdo; totalmente en desacuerdo con la actividad de la Administración en materia de Función Pública.

Por cierto, me gustaría recordar que en la página quince mil ochocientos cuarenta y cinco de su Informe usted denuncia el acuerdo adoptado por la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Cultura, que constituye -y usted lo dice así- una irregularidad. Y nosotros estamos de acuerdo, y aquí exigimos la responsabilidad de esa irregularidad.

En resumen, en materia de Función Pública, esta Administración no ha avanzado nada, desde el año anterior y desde muchos otros años, en temas fundamentales para todos los ciudadanos de la Comunidad como la reducción de jornada, los concursos anuales, las ofertas públicas de empleo racionales y necesarias, los mecanismos de promoción y provisión, la reducción de la temporalidad, etcétera, etcétera.

En materia de Administración Local, ahora que tanto oímos hablar de ese Pacto Local, que tantas veces ha sido votado en contra cualquier iniciativa relacionada con el mismo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y votado en contra por parte del Partido Popular, ahora que tanto oímos hablar de ese Pacto Local, leo una frase concreta de su Informe, que es la conclusión de todo, a nuestro juicio:

"El Procurador del Común -dice usted- no puede dejar de hacer referencia, como lo ha hecho en otras ocasiones, a la insuficiencia de medios personales y materiales que caracteriza un elevado número de Entidades Locales de nuestra Comunidad Autónoma". Ésta es la realidad, ésta es la realidad. Lo demás es lo abstracto, lo demás son las promesas. Y aquí están, aquí están los responsables, en gran medida, de la situación de carencia de todo tipo de medios de nuestra Administración Local; estos que ahora mismo, que ahora mismo se apuntan al carro del Pacto Local, contra el que siempre se han posicionado, contra el que siempre han votado, son los responsables de esta situación que usted denuncia en su Informe.

En materia de urbanismo, leo de su Informe, textualmente, a pesar de que al Consejero le interesa tanto que se ha ido, quizá avergonzado, porque sabía que íbamos a leer lo siguiente: "Respecto al planeamiento, es necesario volver a incidir en que resulta una entelequia la participación de los ciudadanos en la elaboración, tramitación y aprobación de los distintos planes urbanísticos". Y, todo esto, antes de lo que vimos en el último Pleno, de la aprobación -como usted conoce- de la modificación de la Ley de Urbanismo para subsanar y para soslayar el cumplimiento de determinadas sentencias.

Y usted lo dice muy bien, también, literalmente, en otro párrafo; y dice ni más ni menos que lo siguiente (está claro que el Consejero tenía que irse porque sabía que íbamos a leer esto): "Aquí se ha impuesto el denominado por la doctrina 'urbanismo concertado', donde determinados grupos de poder imponen el modelo de ordenación más adecuado a sus intereses, sustrayendo al debate público una cuestión de vital importancia para el desarrollo de la calidad de vida de los vecinos de un municipio". Sin comentarios. Y al último Pleno nos remitimos.

Y el Consejero, ausente, porque también sabía que íbamos a leer la siguiente frase literal de su Informe: "En cuanto a la disciplina urbanística, un año más debemos poner de manifiesto -dice usted- la absoluta pasividad de la Administración respecto a la restauración de la legalidad urbanística. La regulación establecida en la Ley de Urbanismo de Castilla y León en lo que se refiere a las competencias de control de la legalidad urbanística -fíjese- ha sido en no pocas ocasiones incumplida, tanto por las Diputaciones Provinciales como por la propia Junta de Castilla y León". No nos extraña nada que el Consejero esté escondido después de saber que íbamos a leer, para que lo conozcan todos los ciudadanos de la Comunidad, estas expresiones literales... (ya llega, porque pasamos a otra área) estas expresiones literales de su... de su Informe.

Y, efectivamente, pasamos a otra área, al Área de Medio Ambiente. ¡Qué casualidad!, la Consejera se ha ido, la Consejera se ha ido.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Guarden silencio, por favor, Señorías, guarden silencio.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Ahí, en el Área de Medio Ambiente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con su referencia y con su actuación de oficio en relación a la alarma social creada por la proliferación de antenas de telefonía móvil; y totalmente de acuerdo con su llamada a que se utilice, en todo caso, el principio de precaución, sobre todo en aquellas materias relacionadas... relacionadas con la salud, y en contra totalmente de la actuación de la Junta de Castilla y León, de la Consejera de Medio Ambiente, a la que usted reprocha, a la que usted reprocha la redacción del Decreto de veintinueve del once del dos mil uno, porque no hay una zonificación municipal.

Y totalmente de acuerdo también en su referencia a la contaminación acústica. Y por eso se ha ido la Consejera de Medio Ambiente, porque sabía que íbamos a leer lo siguiente de su Informe: "Durante la tramitación de los expedientes de queja nos hemos encontrado con una fuerte reticencia por parte de la Administración Regional a la hora de intervenir en este tipo de expedientes, no solo para sancionar la comisión de infracciones muy graves, sino también para inspeccionar y controlar este tipo de actividades".

Y, por último, el ejemplo que usted ha citado en relación con pesca, la situación estúpida que se dio en Burgos, de que se procediera en contra de la salvaguarda y del respeto del principio de igualdad de oportunidades, la situación estúpida que se produjo en Burgos de sorteo de los cotos de pesca una vez que ya se había iniciado la temporada.

Y lo mismo en relación a la... a la actuación, a iniciativa propia, que usted desarrolló de defensa de las vías pecuarias, donde dice textualmente: "... donde quedó de manifiesto la falta de diligencia de la Administración Autonómica en la instrucción y resolución de procedimientos sancionadores en la materia".

Pasamos a Educación y Cultura. Llegará ahora la Consejera de Medio Ambiente; el Consejero de Educación espero que se quede, para conocer, conocer... supongo que lo conoce, que lo ha leído, el Informe del Procurador del Común, donde verá la coincidencia absoluta entre las quejas de los ciudadanos, el Informe del Procurador del Común y las iniciativas del Partido Socialista de Castilla y León.

¿Dónde están las quejas de los ciudadanos en materia de educación en esta Comunidad Autónoma? En los procesos de admisión de alumnos, en el transporte escolar, en el déficit de unidades de cero a tres años, en el déficit de Centros de Educación Especial, fundamentalmente en Secundaria y en el medio rural, amén de la existencia de estos centros sin personal cualificado, o los problemas con la enseñanza rural por escolarizarse fuera del municipio. No queremos... no queremos... desde luego, esto coincide totalmente con las iniciativas planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista a lo largo de esta Legislatura, a lo largo de este último año, y votadas siempre en contra por parte del Partido Popular.

No queremos extendernos, pero yo creo que, en materia de Educación y Cultura, un solo ejemplo lo dice todo. Y leo textualmente lo referido a la queja 2151/100, Instituto Vaguada de La Palma: "Los padres se quejan de la situación del patio y de los riesgos que sus hijos corren". Respuesta de la Dirección Provincial: "Le comunico que el día tres de junio de mil novecientos noventa y ocho el arquitecto jefe emitió un informe exponiendo los problemas del patio y su valoración". De nuevo, el diez de noviembre del noventa y ocho vuelve a denunciarse el estado del patio. Como no fue autorizado el crédito, se vuelve a solicitar para el año noventa y nueve. Tampoco en el dos mil, tampoco en el dos mil uno y tampoco en el dos mil dos. Yo creo que con esto queda resumido absolutamente la actuación de la Consejería de Educación y Cultura.

Por cierto, por cierto, le propongo... le propongo una... una actuación de oficio en relación a la investigación de cómo se han aplicado las retenciones a los funcionarios de la Consejería de Educación y Cultura, a los funcionarios docentes de la Consejería de Educación y Cultura, las retenciones correspondientes a la huelga del 20-J, que, según el Presidente, nunca existió. Yo le digo cómo: sin notificación previa; sin notificación previa y sin darles la oportunidad de recurrir dichas retenciones. Simplemente, ¿por qué? Porque se han remitido esas notificaciones a los centros escolares, cuando se sabía que no estábamos en período lectivo.

En materia de Patrimonio Histórico-Artístico, usted dice -y leo textualmente-: "Resulta preocupante el proceso de deterioro a que se ve sometida no poca de la riqueza patrimonial de esta Comunidad Autónoma, consecuencia de la omisión del deber de conservación que compete a sus titulares, y de la inactividad de las Administraciones en la puesta en marcha de los instrumentos previstos para garantizar su defensa y restauración".

Usted denuncia, en materia de Industria, el cómo... -algo que venimos denunciando nosotros todos los años- cómo es posible que esta Comunidad Autónoma, excedentaria en energía eléctrica, sufra continuos cortes de suministro.

Usted denuncia defectos formales e irregularidades materiales en la concesión de ayudas agrícolas y ganaderas.

Usted coincide con nosotros totalmente en reivindicar la necesidad de aumento de plazas residenciales públicas como prioridad para los mayores de la Comunidad Autónoma, dando prioridad, además, a que la gestión de las plazas oficiales demandadas sea también pública, a fin de que el coste de la estancia permita el ingreso de las personas mayores con menos recursos económicos. Coincidimos totalmente. El partido Popular ha votado en contra.

Y así podemos seguir área por área. En Sanidad, evidentemente, las listas de espera y las mentiras oficiales sobre los períodos de espera...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Vaya concluyendo, Señoría...

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ: ...,

, con lo que estamos totalmente de acuerdo...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ...

. que el tiempo ya ha terminado.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí, Presidente. Y, por último, la última perla que le voy a leer, porque el tiempo... el tiempo se nos escapa, es referido -yo creo que lo engloba todo- a la gestión económica de la Junta de Castilla y León. Y volver a repetir exactamente, exactamente, la misma afirmación que vienen recogiendo en anteriores informes el año pasado y el anterior. Y leo: "A la vista de los expuesto, esta Institución no pudo pasar por alto una situación como la descrita, que evidenciaba una quiebra total de los principios de economía, celeridad y eficacia que debe presidir la actuación de toda Administración Pública". Yo creo que sin palabras.

A fin de cuentas, señor Procurador, yo creo que su Informe debería ser objeto de una reunión monográfica del Consejo de Gobierno para que recapitularan en relación a su actuación y para que la modificaran con carácter absoluto. De todas maneras, sabemos que eso no se va a producir. Y le garantizamos -eso sí- que el próximo Gobierno de Castilla y León, las primeras actuaciones que hará será, precisamente, un análisis muy serio y muy detenido de su Informe, para adoptar todas las medidas que corrijan estas actuaciones anómalas e irregulares, en muchos casos, de la... de la Administración Autonómica.

A partir de aquí, solo nos queda reiterarle el apoyo del Partido Socialista de Castilla y León para poner en marcha cualquier tipo de iniciativa o reforma que usted considere conveniente, como hicimos el año pasado, pero convencidos -eso sí- de que la reforma necesaria, la reforma necesaria en Castilla y León no pasa única y exclusivamente por la reforma de la actuación o de la Institución del Procurador del Común, sino que la reforma, imprescindible, para esta Comunidad es la reforma del Gobierno Regional, que hace falta ya en esta Comunidad. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Tiene ahora la palabra don Francisco Vázquez Requero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.

EL SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO:

Muchas gracias, señor Presidente. Un año más comenzamos este período de sesiones plenarias de las Cortes de Castilla y León dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 32 de la Ley del Procurador del Común, como alto Comisionado de esta Cámara para la protección y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la tutela del ordenamiento jurídico y la defensa de nuestro Estatuto de Autonomía.

Quiero empezar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en nombre de todo el Grupo Parlamentario Popular, felicitando al señor García Álvarez y dándole las gracias por el trabajo realizado, pero no solo por cortesía y en justa correspondencia a su intervención, sino también por la rigurosidad y por el convencimiento del trabajo bien hecho, que ruego al señor Procurador dé traslado a todos sus colaboradores, parte de los cuales hoy nos acompañan.

Sin embargo, antes de entrar en esta fijación estricta de las posiciones con respecto al Informe del dos mil uno, si ustedes me permiten, quisiera referirme a dos consideraciones que a lo largo de su Informe usted mismo ha tratado, y que se han analizado ya en anteriores ocasiones y también esta misma tarde. Una de ellas trata acerca de los Entes Locales y la otra sobre el Consejo Consultivo, recientemente aprobado, de nuestra Comunidad Autónoma. Por lo tanto, vamos a lo positivo, a los compromisos y no las alharacas.

En primer lugar -como Sus Señorías conocen-, el Pleno del año pasado analizó el Informe del Procurador del Común, y estuvo el mismo marcado no solo por el contenido de dicho Informe, sino también por la iniciativa de la reforma que regula la Ley de la... de esta Institución del Procurador del Común, reforma que se acordó unánimemente por todos los Grupos políticos de esta Cámara a instancias suyas.

Entre otras cuestiones referidas a los plazos, en cuanto a esa reforma, se recogía la preocupación -fundada- por parte del Procurador del Común en lo referente a su capacidad supervisora sobre los Entes Locales y, concretamente, a la redacción aprobada por las Cortes, que dice que la Institución supervisa la actuación de los entes locales en las materias en las que el Estatuto de Autonomía atribuya competencia a esta Comunidad Autónoma. Esta modificación de la Ley del Procurador del Común significa que la Institución está plenamente facultada para analizar el grado de cumplimiento jurídico en las competencias de la Comunidad Autónoma y que esta transfiera o delegue, a partir de ahora, también a las Corporaciones Locales, en virtud del desarrollo del Pacto Local de Castilla y León, segunda descentralización, que se impulsará -sin duda-, señor Procurador del Común, durante los próximos meses en nuestra Comunidad Autónoma.

De este modo, la asunción de numerosas competencias a... para los Entes Locales debe comportar el compromiso y la atención debida al alto Comisionado de estas Cortes por parte de esas Corporaciones Locales.

En cuanto a la segunda consideración a la que hacía referencia, es decir, a la tutela del ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma y defensa de nuestro Estatuto de Autonomía, en esta ocasión, señor García Álvarez, también usted marca el camino al advertir que algunas de sus funciones podrían coincidir con las del Consejo Consultivo.

Como Sus Señorías -sin duda- conocen, la Proposición de Ley reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobada este mismo año, establece en su Artículo 2 -como usted hoy aquí ha recordado- que este nuevo órgano estatutario velará por la observancia de la Constitución, del propio Estatuto de Autonomía y de todo el orden jurídico. Por lo tanto, efectivamente, pueden existir coincidencias -a las que usted se refería-, y sería deseable deslindar los límites de estas funciones.

Mi Grupo Parlamentario está dispuesto a estudiar las modificaciones precisas, una vez entre en funcionamiento el órgano consultivo, para que estas funciones se diferencien, con la anuencia de las dos instituciones, tanto del Procurador del Común como del Consejo Consultivo. Y sin intentar prejuzgar nada -a mi juicio-, las pautas de actuación deben ser las que existen ya entre el Defensor del Pueblo y el Consejo de Estado.

De todas formas, es de justicia reconocer y agradecer la tutela realizada por usted, hasta la fecha, de todo el ordenamiento jurídico de Castilla y León, que no se ha ceñido al seguimiento de la legislación del Estado, para evitar posibles invasiones competenciales por parte de este, como en el fragor del posible debate político que se ha desarrollado se ha esgrimido por algún Grupo de esta Cámara, o no se ha circunscrito tan solo al seguimiento de las normas legislativas o normativas reglamentarias de la Comunidad Autónoma que, en ocasiones, usted también ha ayudado a conformar, sino que, además, en este Informe ha realizado, por su parte, el seguimiento de los traspasos y de las funciones y servicios realizados, tan importantes para esta Comunidad Autónoma, como han sido, en este período, en materia de Sanidad o en materias de Políticas Activas de Empleo. Y usted mismo hoy ha puesto aquí de relieve la colaboración máxima de todos los organismos implicados en estas cuestiones.

Además, también debemos congratularnos al aseverar aquí que se ha constatado de forma positiva la nula conflictividad constitucional sobre las cuestiones relacionadas con el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León ante el Tribunal Constitucional, demostrándose así que el diálogo ha primado sobre el conflicto y los intereses de Castilla y León han prevalecido sobre los intereses partidistas.

Asimismo, nos parece positivo que, desde esta óptica de la observancia del ordenamiento jurídico, se haya incluido en este análisis del año dos mil uno un seguimiento especial -como usted ha hecho- en materia de encefalopatía espongiforme bovina, con resultados satisfactorios, en aquellas fechas en que nuestra Administración se enfrentó, con mayor éxito que otras, a esta enfermedad.

Además, en este apartado, también, de la observancia del ordenamiento jurídico, ha llevado a cabo diversas propuestas de reforma normativa que han sido aceptadas en distinto grado por la Administración, como por ejemplo en la jornada continua escolar, en la convocatoria de plazas para guarderías públicas, en los efectos económicos de los ingresos en las residencias de la tercera edad, en las autorizaciones para impartir cursos de manipuladores de alimentos, en la reforma de la Ley de Sanidad Animal o en la inclusión de su Informe, sin irregularidad -como usted hoy bien ha dicho aquí- por parte de la Administración educativa, en el conflicto laboral y académico de la Universidad SEK.

También se debe recordar que en su Informe del año dos mil uno ha dotado de contenido de una manera primordial al mandato legal que usted tiene de protección y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y, como en años anteriores, lo ha llevado a cabo de dos maneras: de oficio y a instancia de parte.

Señor Procurador del Común, en sus actuaciones de oficio, ha llevado la Institución a más poblaciones que nunca y sobre más asuntos que en otras ocasiones precedentes: hasta catorce apartados diferentes en estas actuaciones de oficio.

Es de destacar entre ellas la sensibilidad mostrada siempre por usted, nuevamente, en el caso del seguimiento de los problemas de las personas discapacitadas o de la integración social de la comunidad gitana.

También se ha centrado en un análisis prolijo, en estas actuaciones de oficio, de las actividades clasificadas y del medio ambiente, distinguiendo perfectamente entre las competencias, en unos casos, municipales, como es la cuestión de la contaminación acústica -si bien hay que diferenciar entre los ruidos de ciclomotores, que usted ha citado, y los... y el cumplimiento de los horarios del cierre de los establecimientos-, de otras Administraciones del Estado, que son competencias suyas, como son el tema -que usted también ha tratado- de los vertederos de neumáticos o de la navegación en embalses -que usted también ha citado hoy aquí-, o de las competencias propias de nuestra Comunidad Autónoma -como ha citado también- en materia de contaminación lumínica, de furtivismo en espacios naturales, de permisos de pesca o de protección de vías pecuarias. Por cierto, en todas estas nombradas, con resolución aceptada por la Administración de la Comunidad Autónoma.

Y en otros casos, como en las instalaciones de telefonía móvil -que usted también hoy ha citado-, diferenciando perfectamente las competencias compartidas y con la resolución que usted finalmente ha hecho, aceptada totalmente por parte de la Administración de nuestra Comunidad Autónoma.

Y traigo a colación esta diferenciación de competencias porque estamos -como Sus Señorías saben- en un Estado competencial, pero que, en ocasiones, en el debate político no se distingue, bien para culpar siempre a la Administración sometida a control -lo cual no es lícito-, o bien por desconocimiento, lo cual sería más penoso.

En lo referente a sus actuaciones a instancia de parte, cuya división por áreas funcionales ocupa buena parte de los dos mil quinientos folios de que consta su Informe presentado hoy, lo primero que cabe decir es que destaca por su minuciosidad y por su exhaustividad.

En segundo lugar, también destaca esta parte de su informe por el mayor número de intervenciones y en más ciudades de la Comunidad Autónoma, y, por ende, por la presencia de la Institución en más lugares y llegando a más ciudadanos en todos los casos.

Siendo esto así, y teniendo más competencias atribuidas nuestra Comunidad Autónoma, lo lógico sería pensar en un aumento de las quejas presentadas. Sin embargo, hay que constatar que las quejas han disminuido con respecto al año anterior. Las quejas globales de su Informe han disminuido con respecto al año anterior, aunque la Institución ha llegado a más sitios, y se ha pasado únicamente a nueve quejas por cada diez mil habitantes. Además, este descenso de quejas ha sido global, tanto colectivas como individuales. Además, han disminuido también las quejas casi en todas las provincias de nuestra Comunidad Autónoma. Además, han disminuido las quejas en la mayoría de las áreas objeto de análisis por usted. Y, además, también han disminuido las quejas con respecto a todas las Administraciones, excepto -hay que reconocerlo- ante la Administración de Justicia.

Por lo tanto, el contenido de algunos expedientes concretos que aquí se han puesto de manifiesto de una forma tasada no refleja la situación de normalidad con respecto al montante global de todos los expedientes tramitados por la Administración. Y en este caso sí que hay que echar mano de algunas estadísticas, porque también hay que hacer notar que del total de las quejas presentadas, solo han sido admitidas a trámite por el Procurador del Común un 49%; y que de las admitidas a trámite, solo el 33% afectan a la Administración de nuestra Comunidad Autónoma, algo más de cuatrocientas, sobre, aproximadamente, un millón o un millón y medio de expedientes que tramita en un año nuestra Comunidad Autónoma.

Asimismo, en el expediente figura que las resoluciones a que han dado lugar las quejas presentadas durante el año dos mil uno, el 53% son favorables a la Administración y, a mayor abundamiento, las Administraciones han comunicado la aceptación de sus resoluciones en el 61% de los casos dictados por usted como Procurador del Común.

Y en cuanto al grado de colaboración -que usted también aquí ha citado- con la Institución, queda reflejado en un 77%, que se ha incrementado con respecto al año anterior; pero es menos distante, ya que en ocasiones precedentes... y estamos más pronto a desarrollar la plena colaboración por todos deseable. Aquí también hay que notar -y usted lo ha dicho claramente- que la Comunidad Autónoma colabora más en porcentaje que otras Administraciones Públicas.

Por ello, e independientemente de las interpretaciones subjetivas, las estadísticas demuestran que ha habido a lo largo del año dos mil uno una mejoría de la situación.

No quisiera finalizar sin hacer referencia a algunas áreas concretas, donde destaca el escaso número de quejas presentadas en contra de las actuaciones administrativas en materias tan importantes como Educación, Cultura y Deportes, con un 5% de las quejas; Industria, Comercio, Turismo y Consumo, con un 4%; Agricultura, Ganadería, Montes y Pesca, con un 4%; Sanidad, con un 4%; o Economía y Hacienda, con un 4% de las quejas presentadas.

Las áreas de mayor porcentaje de quejas presentadas son las materias relacionadas -como usted bien sabe- con la Administración Local, que es la que tradicionalmente más quejas ciudadanas recibe: el Área de Función Pública o del Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, los Servicios Municipales, el Urbanismo y las Obras Públicas.

De ahí nuestra apuesta decidida por determinar el marco de competencias regionales susceptibles de transferencia o delegación, nuestro compromiso de alcanzar la adecuada cooperación económica con las Corporaciones Locales, y nuestra intención de culminar el proceso descentralizador, con el objetivo de conseguir la vertebración de nuestra Comunidad Autónoma.

Señorías, aunque no lo parezca, todos los Grupos hemos hablado del mismo Informe, aunque con distintas ópticas, si bien alguno de los Grupos ni siquiera ha entrado al fondo del asunto.

Por lo tanto, y en resumen, y para finalizar, desde el Grupo Parlamentario Popular estamos seguros de que la colaboración con el Procurador del Común irá en aumento, de que las quejas contra la Administración Regional seguirán esta línea de descenso; y la valoración que hacemos de su Informe y trabajo es sumamente positiva. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Señor Procurador, ¿desea contestar o formular alguna aclaración? Tiene la palabra.

EL SEÑOR PROCURADOR DEL COMÚN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ):

Muy brevemente, para agradecer a quienes han intervenido sus observaciones, que tendré en cuenta. Agradezco también, sobre todo en nombre de mis compañeros de trabajo, las apreciaciones positivas que han hecho, y que les afectan a ellos más que a mí. Y tendré en cuenta todo lo que me han dicho, de lo que tendremos ocasión de hablar -espero- dentro de un año, ¿no?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Reiterándole nuestro agradecimiento, se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las diecinueve horas diez minutos).